La Comisión de Fomento de Cañadón Seco emitió una carta abierta el 4 de octubre, expresando su preocupación por la ausencia de actividades de remediación en pozos hidrocarburíferos abandonados por la empresa YPF y otras operadoras. Este documento, respaldado por imágenes y registros audiovisuales, documenta derrames recientes de hidrocarburos que afectan, caminos rurales, suelos y vegetación autóctona, con un alto contenido de agua que eleva el riesgo de contaminación de napas freáticas.

En detalle, la declaración destaca que, desde la retirada de YPF de la zona, no se han ejecutado las intervenciones requeridas por la normativa ambiental, dejando pasivos acumulados, por décadas de explotación. La comisión de fomento, califica esta omisión como una "desidia" de las autoridades de control, y exige responsabilidad plena de las operadoras, un plan inmediato de saneamiento y, transparencia en los informes ambientales, con participación comunitaria en el monitoreo.

Por su parte, el Gobierno provincial, ha respondido con una medida concreta. Siguiendo instrucciones del gobernador Claudio Vidal, la Fiscalía de Estado remitió una carta documento a YPF, intimándola a cumplir las obligaciones del Memorándum de Entendimiento (MOU) suscripto el 2 de abril de 2025 entre la Provincia, FOMICRUZ S.E. e YPF, ratificado por el Decreto Provincial N° 376/2025. Esta notificación, firmada por el fiscal de Estado, Dr. Ramiro E. Castillo, establece un plazo de diez días hábiles para presentar el Relevamiento Ambiental pendiente y avanzar en la designación de una Entidad Auditora Ambiental, bajo amenaza de acciones legales.

El incumplimiento señalado radica en la no entrega del relevamiento ni avances en la auditoría, elementos esenciales para iniciar el Programa de Saneamiento Ambiental y abandono de pozos. La Provincia, enfatiza que estos compromisos son indelegables para salvaguardar el patrimonio natural santacruceño, conforme a la normativa vigente.

En este contexto, los impactos en la provincia de Santa Cruz son multifacéticos. Directamente, la contaminación amenaza recursos hídricos subterráneos y suelos productivos en Cañadón Seco, afectando la agricultura local y la salud de residentes expuestos a hidrocarburos tóxicos. Además, agrava la vulnerabilidad ecosistémica regional, y podría generar costos fiscales elevados para remediaciones.