Durante la presentación de los lineamientos del Presupuesto 2026, Bullrich describió la situación en El Chaltén como un caso representativo, de los desafíos habitacionales que enfrentan los miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. En la localidad cordillerana de Santa Cruz, los efectivos destinados a tareas de control fronterizo y patrullaje, se ven obligados a recurrir a alquileres temporales en plataformas digitales, dada la ausencia de contratos mensuales accesibles. Esta realidad, según la funcionaria, compromete la continuidad operativa en áreas de alto valor estratégico.

La escasez de viviendas en El Chaltén, responde a factores estructurales. La imposibilidad de ampliar el ejido urbano, delimitado por el Parque Nacional Los Glaciares, restringe la disponibilidad de terrenos. En junio de 2025, el Concejo Deliberante local prorrogó por un año la declaración de emergencia habitacional, que ya se extendía desde años previos. Datos municipales registran más de 600 solicitudes de lotes pendientes, lo que refleja una presión generalizada sobre el mercado inmobiliario, no exclusiva de las fuerzas federales. En paralelo, la afluencia turística incrementa los precios: en destinos similares como Bariloche, el alquiler mínimo supera el millón de pesos, una barrera salarial para el personal de seguridad.

Esta problemática trasciende lo local, y afecta la movilidad del recurso humano en todo el territorio. Bullrich enfatizó que la falta de alojamiento genera inestabilidad en los despliegues, lo que incide en la eficacia de las operaciones preventivas y de respuesta. Para mitigar el impacto, el Ministerio de Seguridad coordinó con Economía la cesión temporal de unidades estatales en provincias centrales y del norte, destinadas a hospedaje provisional durante traslados. Medidas similares se implementaron en Córdoba en agosto, donde se entregaron residencias a efectivos, y en junio para el Servicio Penitenciario Federal.

En Santa Cruz, la emergencia habitacional también involucra compromisos provinciales no cumplidos, como viviendas sociales adjudicadas pero inconclusas, según reclamos documentados. Estos antecedentes resaltan la necesidad de soluciones, que aborden tanto la oferta residencial como la planificación territorial, sin menoscabar la presencia estatal en zonas remotas.

La exposición presupuestaria posiciona el tema como prioridad, con asignaciones destinadas a fortalecer la infraestructura para el personal. Sin embargo, la persistencia del problema en El Chaltén, evidencia tensiones entre el desarrollo turístico y las demandas de servicios públicos esenciales.