El juicio político contra Basanta surgió de una denuncia presentada el 6 de octubre por el abogado Sergio Macagno. La imputación central radica en la ausencia de los seis años de ejercicio profesional en la abogacía o funciones judiciales, que exige la Constitución Provincial para integrar el Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuestiona su experiencia previa como agente fiscal, que requiere al menos dos años de práctica.

El 15 de octubre, la Sala Acusadora evaluó el expediente y resolvió la suspensión provisional de Basanta, con derecho a percibir la mitad de su sueldo. Esta medida, adoptada por mayoría de votos, se notificó formalmente el día siguiente, y activó un plazo de 30 días para el desarrollo del procedimiento. La decisión se basó en el análisis de la Comisión Instructora, que verificó el incumplimiento de los requisitos legales.

Hoy, la Sala Juzgadora —compuesta por doce diputados de distintos bloques— celebró una sesión pública para prestar juramento y recibir la acusación elevada por la Sala Acusadora. La integración incluye representantes de Unión por la Patria, Por Santa Cruz y bloques unipersonales. Esta instancia marca el inicio formal de la fase instructiva, regulada por la Ley Nº 13, que establece plazos estrictos para garantizar el debido proceso.

De acuerdo con el cronograma establecido, Basanta dispondrá de una audiencia el 3 de noviembre para su presentación inicial. Posteriormente, hasta el 13 de noviembre, podrá presentar su descargo escrito. La Sala Juzgadora resolverá el 15 de noviembre sobre la confirmación de la suspensión o la restitución plena de sus funciones, con un quórum de dos tercios de los miembros presentes requerido para cualquier destitución.

El procedimiento subraya los mecanismos previstos en la normativa provincial para altos funcionarios judiciales. En sesiones previas, la Sala Acusadora descartó otros expedientes similares por falta de méritos, lo que resalta la selectividad en la aplicación de estos controles. Datos del sitio oficial de la Legislatura confirman que, hasta la fecha, no se registran impugnaciones formales al avance del caso.

Este desarrollo ocurre en un contexto de revisiones institucionales en el Poder Judicial. La resolución final podría influir en la composición del Tribunal Superior de Justicia, afectando decisiones futuras en causas de alto impacto provincial.