Los registros financieros indican que, entre abril y junio del 2025, la provincia recibió 8.000 millones de pesos en aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. En el mismo período, la Caja de Servicios Sociales emitió facturas por 8.099 millones de pesos a la Suizo Argentina, la empresa bajo investigación federal por presuntas irregularidades en contratos públicos. Esta sincronía temporal, con 4.500 millones recibidos en mayo y facturados 3.116 millones ese mes, y 3.500 millones en junio contra 2.685 millones en pagos, sugiere un posible vínculo en la asignación de recursos. Fuentes provinciales no han detallado mecanismos de distribución que expliquen esta precisión, lo que genera interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos.

 La comparecencia del presidente de la Caja, Sergio Pérez Soruco, ante la Cámara de Diputados el 9 de octubre de 2025, respondió a un pedido de informes aprobado el 17 de septiembre. Aprobado por unanimidad, el requerimiento buscaba datos sobre adquisiciones a la droguería Suizo Argentina, pero Soruco presentó explicaciones orales sin soportes documentales. Legisladores opositores señalaron que esta ausencia impide verificaciones independientes, contraviniendo el derecho a la información pública. Soruco afirmó que los procesos están auditados desde el inicio, aunque no abordó el incremento del 1.099% en la facturación a la droguería durante la gestión actual.

 Paralelamente, los afiliados reportan limitaciones en el acceso a medicamentos. El vademécum de la Caja sufrió recortes significativos en 2025, con énfasis en fármacos psiquiátricos para crisis, como antidepresivos y ansiolíticos. Aunque una ley provincial de junio de 2025 incorporó un listado mínimo de 25 psicofármacos esenciales para garantizar cobertura inmediata, testimonios de usuarios indican persistencia de barreras burocráticas. El argumento oficial atribuye estas restricciones a deudas municipales, que representan solo el 22% de los afiliados, un porcentaje insuficiente para justificar medidas generalizadas.

 Las farmacias afiliadas operan con cupos diarios de dispensación, agotados frecuentemente en horas tempranas, lo que obliga a pacientes crónicos y vulnerables a realizar trámites repetitivos. Soruco negó estas limitaciones durante la sesión, pese a admitir días antes problemas de facturación resueltos con proveedores. Esta discrepancia, junto a la implementación de trámites adicionales para actualizaciones de datos, evidencia tensiones entre eficiencia administrativa y acceso equitativo.

La investigación federal sobre la Suizo Argentina, iniciada por audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, incluyó allanamientos en septiembre y abarcó provincias como Santa Cruz. La facturación per cápita en Santa Cruz supera en 3.300% la de Buenos Aires, sin justificaciones logísticas documentadas. Estos elementos apuntan a desequilibrios en prioridades presupuestarias, donde el incremento en adquisiciones contrasta con reducciones en servicios, afectando la sostenibilidad del sistema de salud provincial. La oposición legislativa persiste en exigir documentación formal para esclarecer estas dinámicas.