El Defensor del Pueblo actúa como organismo autónomo que supervisa el cumplimiento de derechos ciudadanos frente a acciones u omisiones del Estado, recibe denuncias individuales y colectivas, emite recomendaciones vinculantes y promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. Por su parte, el Procurador Penitenciario ejerce control externo sobre el sistema penitenciario federal, inspecciona establecimientos carcelarios, investiga irregularidades en el trato a privados de libertad y propone medidas para mejorar condiciones de detención, conforme a la Ley 25.875.

El proceso, iniciado en septiembre de 2025, culminó este jueves 30 de octubre con sesiones en el Salón Azul del Senado, presididas por el senador Daniel Ricardo Kroneberger de la Unión Cívica Radical. La bicameral, integrada por representantes de la Cámara de Diputados y el Senado, evaluó a los preseleccionados tras un concurso de antecedentes y oposición que atrajo numerosas postulaciones. Requisitos mínimos incluyen ciudadanía argentina, título de abogado y al menos 30 años de edad para el Procurador, junto con experiencia en derechos humanos para el Defensor.

Entre los candidatos al Procurador Penitenciario destacan Daniel Bodega, con trayectoria en servicios penitenciarios provinciales; Fernando Carbajal, exjuez federal especializado en causas de corrupción; y Romina Cucchi, abogada con enfoque en rehabilitación de internos. Sus intervenciones se centraron en planes para reducir hacinamiento y fortalecer inspecciones independientes, según actas de la comisión. Para el Defensor del Pueblo, la lista incluye perfiles diversos: Natalia Sarapura, exministra de Derechos Humanos en Jujuy y diputada nacional saliente; Ramiro Gutiérrez, experto en criminalística y legislador de Unión por la Patria; y Alejandro Amor, quien ocupó la Defensoría porteña durante una década. Otros como María José Lubertino, con experiencia en legislación de género, y Remo Carlotto, exlegislador vinculado a organismos de memoria, abordaron temas como acceso a la justicia y protección ambiental.

La comisión elaborará un dictamen con ternas para cada cargo, que requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para su aprobación final. Este paso responde a la vacancia de la Defensoría desde 2009, lo que ha limitado su rol en la fiscalización estatal. Fuentes legislativas indican que el plenario podría reunirse en noviembre para avanzar en la votación. El procedimiento, regulado por la Ley 25.436, busca garantizar transparencia en la designación de estos puestos claves.