La situación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) refleja tensiones derivadas de la ampliación de su composición, aprobada por la Legislatura provincial para incorporar nuevos miembros y mejorar su operatividad. Esta medida, promulgada el 16 de octubre de 2025, busca resolver ineficiencias acumuladas, aunque ha exacerbado divisiones entre facciones judiciales. Actualmente, el TSJ cuenta con nueve vocales, lo que ha generado un escenario de comandos paralelos donde resoluciones contradictorias coexisten.

El 13 de octubre, una mayoría de cuatro vocales ratificó a Daniel Mauricio Mariani en la presidencia y anuló una resolución previa que lo había desplazado, en un intento por restablecer el orden interno. Esta acción se enmarcó en el rechazo a fallos que buscaban alterar la integración del tribunal, alineados con sectores identificados con el kirchnerismo. Al día siguiente, tres vocales intimaron a Mariani a cesar inmediatamente en sus funciones y notificaron los hechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando irregularidades en la formación de mayorías.

El conflicto escaló con la suspensión de Fernando Basanta como vocal, decidida por la Cámara de Diputados el 15 de octubre en el marco de un juicio político. Esta medida responde a cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos constitucionales por parte de Basanta y se presenta como un paso contra patrones de impunidad en causas de malversación y persecución política. Diputados provinciales han vinculado estas tensiones a reclamos pendientes de justicia en el ámbito judicial santacruceño.

La división interna del TSJ, con nueve miembros en lugar de los cinco originales, surge de la ley de ampliación que el gobernador Claudio Vidal impulsó para fortalecer la institución. Críticos ven en esta reforma un instrumento para influir en la designación de autoridades, mientras defensores argumentan que corrige desequilibrios históricos. 

Esta coyuntura podría requerir intervención federal si persisten las contradicciones en decisiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, notificada de las intimaciones, evalúa el alcance de la notificación. Para los actores políticos y judiciales de Santa Cruz, el desenlace definirá el equilibrio entre independencia del Poder Judicial y presiones ejecutivas locales.