Desafuero de Español: El oficialismo antepone las lealtades partidarias
La Cámara de Diputados de Santa Cruz suspendió este 8 de octubre una sesión extraordinaria para tratar el desafuero del legislador Fernando Españón, por falta de quórum del bloque oficialista.
La convocatoria, formalizada mediante la Resolución N° 178/2025 y alineada con los artículos 90 y 91 de la Constitución Provincial, buscaba abordar los oficios judiciales N° 535/2025 y 1777/2025 de la Cámara de la Primera Circunscripción Judicial. Estos documentos exigen el levantamiento de la inmunidad de Españón, procesado por abuso sexual simple agravado, abuso de autoridad, desobediencia y estorbo al ejercicio de funciones públicas. Solo once diputados asistieron: nueve de Unión por la Patria-PJ, uno de ARI-CC y la única oficialista presente, Claudia Barrientos de Libres del Sur. El bloque Por Santa Cruz, con doce miembros, optó por la inasistencia, impidiendo el quórum mínimo de trece legisladores.
Además, este incidente marca el tercer intento fallido en 2025, repitiendo patrones en mayo y una previa en febrero, cuando el expediente quedó estancado en la Comisión de Asuntos Constitucionales sin dictamen. La correlación de fuerzas en la Cámara, donde el oficialismo depende de alianzas puntuales con monobloques. Una estrategia deliberada para blindar al diputado, exintendente de 28 de Noviembre y exjefe de bloque. Tal maniobra no solo paraliza siete causas penales acumuladas contra Españón, incluyendo malversación y falsificación de documentos, sino que cuestiona la independencia de poderes en la provincia.
En consecuencia, el artículo 181 del Código Procesal Penal de Santa Cruz impone un plazo de 180 días para resolver pedidos de desafuero; su vencimiento sin acción judicial conllevaría la caducidad de medidas probatorias y coercitivas. La Justicia de Río Gallegos ha reiterado la urgencia, advirtiendo que la inacción legislativa obstruye el avance hacia juicio oral. Legisladores opositores, como Lorena Ponce, han calificado esta obstrucción como un "desafío judicial ineludible".
Esta inacción, socava la fe en las instituciones de Santa Cruz, en las que el oficialismo, liderado por el gobernador Claudio Vidal antepone las lealtades partidarias, al desarrollo de la ley. Ausente de un acuerdo interno, el caso Españón pone de manifiesto los conflictos entre la rendición de cuentas y el oportunismo político.
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