La irrupción ocurrió alrededor de las 02:20 horas, en el predio ubicado en las calles La Pampa y San Martín. Según reportes policiales, el grupo se apoderó de una cabaña y exigió a los guardias que abandonaran el sitio. Un trabajador alertó a las autoridades, lo que desencadenó un operativo coordinado por la Comisaría 28 de Noviembre, con apoyo de la Comisaría Yacimiento Río Turbio, Fuerzas Especiales Zona Sur y el Equipo de Negociación Policial. La jueza Romina R. Frías, del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, autorizó el procedimiento bajo el Protocolo para Situaciones de Crisis.

Tras negociaciones telefónicas y presenciales iniciadas en la mañana, los ocupantes se entregaron voluntariamente a las 13:25 horas, sin generar confrontaciones adicionales. La inspección reveló un pistolón, una réplica de pistola airsoft y un cuchillo, elementos que motivaron imputaciones por usurpación, daños y amenazas calificadas. Los detenidos, descritos como trabajadores desocupados, recibieron atención médica y quedaron supeditados a la causa judicial, con obligación de fijar domicilio.

El incidente surge en un contexto de reclamos por el cumplimiento del acuerdo "90/10", que reserva el 90 por ciento de los puestos laborales en obras públicas para residentes locales, y denuncias de manipulación sindical en la distribución de empleos en la represa. Fuentes sindicales locales indican que estas tensiones reflejan disputas internas en la UOCRA, un gremio con antecedentes de conflictos en Santa Cruz por recursos y delegaciones. Aunque la toma se presentó inicialmente como pacífica, la presencia de armas subraya la escalada de estas demandas.

Posteriormente, familiares de los detenidos protestaron en las inmediaciones con quema de cubiertas, controlada por bomberos sin mayores incidentes. La policía dispuso una guardia de infantería en el predio para prevenir recurrencias. La causa avanza bajo supervisión judicial, sin declaraciones oficiales adicionales del gremio o del gobierno provincial.

Este episodio evidencia las fricciones persistentes en el sector de la construcción en Santa Cruz, donde la falta de transparencia en asignaciones laborales alimenta reclamos colectivos. Analistas locales vinculan el caso a un patrón de intervenciones sindicales que podrían intensificarse ante la proximidad de renovaciones de autoridades en la UOCRA regional. La resolución pacífica, atribuida a la negociación policial, evita por ahora un conflicto mayor, pero deja abierta la discusión sobre mecanismos de diálogo en el ámbito laboral.