La agresión ocurrió frente a la construcción de una sede sindical en Puerto Deseado, donde Cattani supervisaba tareas como contratista independiente. Según el expediente judicial, cinco hombres lo atacaron con golpes en el rostro y el cráneo, causándole lesiones graves que incluyeron la fractura de ocho costillas, la pérdida del bazo y un testículo, así como complicaciones pulmonares y cardíacas. Cattani permaneció en coma inducido durante más de tres semanas, con mejoras recientes en su estado de salud.

La Justicia procesó a los implicados por tentativa de homicidio: Franco Moreyra, secretario general de la seccional local de UOCRA; Carlos Tapia; Oscar Aranda; Osvaldo B. y Fabián Hernández. Todos recibieron prisión preventiva en septiembre de 2025, tras allanamientos que incluyeron seis domicilios. La familia de la víctima reportó amenazas previas, lo que amplió la investigación a posibles intimidaciones sistemáticas.

La defensa de Moreyra presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción, argumentando que el incidente surgió de una pugna interna por la conducción de la seccional gremial. Según el letrado Fabricio Carbone Miele, Cattani no actuaba como empleado ni delegado sindical legítimo, sino que utilizó documentos presuntamente falsificados para reclamar representación obrera. Oficios remitidos a la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA) confirmaron que Cattani, junto con Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios, no figuraban en los registros laborales del contratista principal de la obra, Martín Enrique Sandoval.

Estos papeles, con membrete oficial pero con inconsistencias en fechas y firmas, se habían adjuntado previamente al Ministerio de Trabajo provincial para validar afiliaciones sindicales. La defensa solicitó verificaciones adicionales a la UOCRA nacional y al gremio beneficiario de la obra, el Sindicato de Empleados Judiciales "3 de Julio", cuyo titular, Franco Mascheroni, negó cualquier vínculo con las demandas de UOCRA y presentó una denuncia paralela por daños materiales en el sitio.

El contratista Sandoval indicó que Cattani fue contratado en mayo de 2025 para tareas específicas, con pagos documentados y sin reclamos pendientes hasta el día del hecho. La investigación ahora incluye posibles delitos contra la fe pública, derivados de la presunta adulteración de registros, y corre vista a fiscales provinciales y federales para evaluar irregularidades administrativas.

Los procesados permanecen detenidos mientras se profundizan las pericias documentales, con énfasis en la autenticidad de las altas y bajas laborales presentadas.