El Tribunal Oral Federal N° 2, responsable de la condena en la causa Vialidad, solicitó previamente a los sentenciados sus observaciones sobre los activos sujetos a decomiso, una etapa procesal que generó demoras. Esta consulta, según los fiscales Luciani y Mola, contraviene la urgencia requerida por la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025. En su requerimiento reciente, los representantes del Ministerio Público Fiscal enfatizaron que la demora en la recuperación de fondos públicos erosiona la percepción de equidad en el sistema judicial.

El monto total del decomiso asciende a 684.990.350.139 pesos, equivalente a la cuantificación del perjuicio causado al Estado nacional mediante la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Esta cifra, actualizada por inflación y otros ajustes, abarca no solo los bienes directos de Cristina Kirchner, sino también aquellos transferidos a terceros vinculados al esquema delictivo. La ejecución busca restituir al erario público los recursos desviados, priorizando la celeridad para mitigar efectos de impunidad.

Máximo y Florencia Kirchner, representados por el letrado Joel Goldin, manifestaron su oposición al decomiso de sus patrimonios, argumentando su condición de terceros ajenos a la investigación. Sostuvieron que las transferencias recibidas, como un adelanto de herencia en el 2016, que incluye seis millones de dólares en efectivo, y propiedades hoteleras en la Patagonia, se realizaron de manera legítima durante procesos sucesorios. Entre los bienes en disputa, figuran diez departamentos en Río Gallegos, construidos mediante un fideicomiso con Austral Construcciones el 10 de junio de 2005, y el Hotel Los Sauces en El Calafate, valorizado por intervenciones de la misma empresa en terrenos fiscales adquiridos por Cristina Kirchner. Los fiscales refutaron estas pretensiones, señalando que las cesiones ocurrieron post consumación del fraude, y con conocimiento de los receptores, dado el vínculo familiar y la publicidad de las irregularidades en ese momento. Además, destacaron la participación de Máximo Kirchner en operaciones representando a sus padres con Lázaro Báez durante el período investigado.

Cristina Kirchner cuestionó la competencia del tribunal penal para el decomiso, proponiendo derivarlo a un fuero civil, instancia que previamente archivó una acción similar a su solicitud. Los fiscales aclararon que el decomiso opera como efecto accesorio del delito, no como sanción accesoria, y que la caducidad de la vía civil invocada por la propia defensa invalida tal planteo. Lázaro Báez, por su parte, condicionó la ejecución a trámites en la causa Ruta del Dinero K y demandó una trazabilidad paralela de sus activos frente al caudal ilícito probado. Luciani y Mola replicaron que la sentencia en Vialidad es autónoma y exige ejecución inmediata, independientemente de otros procesos.

Otros condenados presentaron reservas variadas. Raúl Pavesi alegó adquisición lícita de sus bienes antes de 2007, año de su designación en la Dirección de Vialidad Provincial de Santa Cruz; los fiscales recordaron sus intervenciones previas en el esquema fraudulento. Raúl Daruich negó provecho personal directo, pero la sentencia documenta su rol en el direccionamiento de contratos a Báez. José López, Nelson Periotti y Mauricio Collareda no formularon objeciones, facilitando la progresión del decomiso sobre sus patrimonios.

La insistencia fiscal en mecanismos compulsivos, como remates judiciales, subraya la necesidad de aplicar integralmente la sentencia para preservar la integridad de las instituciones. En Santa Cruz, donde las obras viales defraudadas impactaron directamente en la infraestructura provincial, este proceso reviste particular relevancia para la accountability de gestiones pasadas. La resolución del tribunal definirá no solo la recuperación económica, sino también la efectividad del marco legal contra la corrupción en contratos públicos.