El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:30, cuando detonaciones de arma de fuego alertaron al servicio de emergencias en la intersección de calles Quijote Novelia y Prefectura Naval, próximo al polideportivo en el barrio 17 de Octubre. Agentes de la comisaría local hallaron a la víctima, identificada como Nahuel Franco Marcial, tendido en la vía pública con una herida perforante en el cráneo y orificio de salida. Internado en terapia intensiva del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, su condición se agravó rápidamente hasta confirmar el diagnóstico de muerte cerebral, según reportes médicos. Un testigo ocular, amigo de la víctima presente en el momento, contribuyó a identificar a los involucrados, lo que impulsó allanamientos en domicilios relacionados el lunes por la tarde.

La indagación, a cargo de la Policía de Santa Cruz y la Delegación de Investigaciones, recayó en un sospechoso de edad similar, hijo de Omar Pratt, referente del Sindicato de Petroleros Privados, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER). Inicialmente prófugo, el joven se entregó voluntariamente el martes y quedó detenido, mientras persiste la búsqueda de un cómplice que habría participado en el escape inicial en un vehículo gris tipo sedán. Pratt, en un comunicado público, rechazó las imputaciones contra su hijo y atribuyó el episodio a una agresión externa, solicitando celeridad en la pesquisa para esclarecer responsabilidades.

El caso se complejiza con dos ataques armados conexos. En la madrugada del martes, cerca de las 5:15, la sede del SIPGER en el centro de la ciudad recibió al menos 19 disparos desde una motocicleta en movimiento, seis de ellos en la puerta principal, sin causar heridos pero generando alarma en el gremio. Horas antes, se reportó un tiroteo contra la vivienda de Pratt, aunque pericias balísticas aún no confirman el nexo directo. Estas acciones elevan la hipótesis de un ajuste de cuentas, posiblemente ligado a narcotráfico, según fuentes de la investigación.

Este suceso se inscribe en un patrón de inseguridad creciente en la localidad. En lo que va de 2025, se registraron el homicidio de Roberto Argel en febrero, el femicidio de Antonella Aybar en mayo y el asesinato de Jorge Brunaga Ojeda en octubre, todos con armas de fuego y móviles no resueltos. Analistas atribuyen esta escalada a tensiones socioeconómicas en el sector extractivo, donde conflictos laborales y actividades ilícitas se entrecruzan, demandando una respuesta institucional coordinada para prevenir retaliaciones.

La Justicia federal, mediante la unidad de delitos complejos, analiza evidencias balísticas y grabaciones de cámaras para delimitar responsabilidades. Mientras, la familia de Marcial mantiene una vigilancia constante, y el gremio petrolero incrementó medidas de seguridad en sus instalaciones. El avance de la causa podría revelar dinámicas subyacentes en comunidades dependientes de la industria energética.