Judicial: barrera sanitaria patagónica
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, revocó el rechazo al amparo de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), contra la flexibilización de la barrera zoofitosanitaria, reconociendo la legitimación de su presidente y ordenando continuar el trámite en Río Gallegos.
En una resolución emitida recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia anuló la decisión del Juzgado Federal de Río Gallegos del 20 de agosto de 2025, que había desestimado la acción de amparo por presunta falta de personería del presidente de la FIAS, Enrique Jamieson. Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez argumentaron que la asunción de Jamieson, como vicepresidente electo en 2024 y ratificado por unanimidad en asamblea de noviembre, cumple con el artículo 24 del estatuto federativo, configurando un mandato válido y subsanable formalmente.
Además, el tribunal concedió diez días para inscribir el acta de asamblea en el registro correspondiente, aclarando que esta omisión no invalida la representación ni justifica el rechazo del amparo, ya que el registro posee carácter declarativo. De este modo, el expediente retorna al juzgado de primera instancia para evaluar la medida cautelar solicitada (suspensión de la flexibilización), y el fondo del asunto, centrado en la legalidad de la Resolución 460/2025 del SENASA.
Por su parte, el conflicto radica en la modificación de la barrera sanitaria patagónica, vigente desde hace décadas y esencial para preservar el estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación en la región. La FIAS sostiene que el ingreso de carne con hueso y animales en pie desde el norte amenaza este diferencial sanitario, clave para la competitividad ganadera local.
Asimismo, la decisión judicial reaviva tensiones entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas, donde productores defienden históricamente esta medida para salvaguardar mercados internacionales. La resolución subraya que interpretaciones restrictivas del estatuto federativo obstaculizarían la defensa de intereses sectoriales.
La flexibilización genera efectos directos e indirectos en productores y frigoríficos. Directamente, la competencia de carne norteña a menor costo podría depreciar precios locales, afectando ingresos de ganaderos ovinos y bovinos, con pérdidas estimadas en hasta 20% de rentabilidad, según el Consejo Agrario Provincial.
Indirectamente, riesgos sanitarios amenazan exportaciones: Chile suspendió importaciones de carne patagónica con hueso, y mercados como la Unión Europea e Israel cuestionan el estatus kosher, potencialmente reduciendo envíos en 30% para frigoríficos. Esto compromete la Ley Ovina provincial, vital para 15.000 productores.
Finalmente, el avance del amparo podría influir en políticas nacionales, equilibrando avances sanitarios con protecciones regionales.
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