Este indicador, derivado de la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pero adaptado a las necesidades de los adultos mayores, mide el costo mensual de bienes y servicios esenciales para evitar la pobreza en este sector. El relevamiento se realiza en centros urbanos con alta concentración de jubilados, como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario. Incluye rubros como alimentación, medicamentos, vivienda, transporte, vestimenta, recreación y limpieza, considerando descuentos por obras sociales y gastos específicos en salud y mantenimiento habitacional.

En septiembre de 2025, los medicamentos representan el 27% del total ($402.880), seguidos por la alimentación (23%, $348.000) y la vivienda (19%, $294.000). La limpieza absorbe el 7% ($107.444), mientras que otros ítems completan el resto. Este desglose refleja la presión inflacionaria sobre productos de primera necesidad, con un incremento interanual que supera el 75% desde febrero de 2024.

La disparidad con los ingresos es alarmante: el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alcanza $390.277, incluyendo un bono de $70.000, beneficiando a unos 4,5 millones de jubilados. Las Pensiones Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y no contributivas se sitúan en $326.222 más el bono, cubriendo apenas el 21% de la canasta. Esta brecha perpetúa condiciones de precariedad, como advierte la Defensoría.

En la provincia, el impacto se acentúa por los costos. Según un estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), una familia tipo en localidades como San Julián y Piedra Buena requiere más de $1,5 millones mensuales para no caer en la pobreza, un umbral comparable al de la canasta jubilatoria nacional. Con alrededor de 50.000 jubilados y pensionados provinciales.

Expertos recomiendan políticas focalizadas en subsidios a medicamentos y vivienda para mitigar el deterioro en la calidad de vida de este grupo vulnerable.