La asunción de Vidal coincidió con una herencia de desequilibrios estructurales en el sector salud, incluyendo deudas y deficiencias en insumos. En respuesta, el gobierno inició procesos de reestructuración, como la convocatoria a directores hospitalarios en junio de 2025 para fortalecer la atención primaria y la equidad territorial. Estos esfuerzos se alinean con el compromiso expresado en el discurso legislativo de marzo, donde se destinaron recursos para revertir las "ruinas" en salud. No obstante, la rotación de ministros con al menos tres cambios, culminó en la asunción de María Lorena Ross en julio, refleja inestabilidades internas.

En este contexto, las tensiones laborales han escalado. En septiembre de 2025, el Ministerio de Salud dispuso suspensiones preventivas de 25 trabajadores, 13 del Hospital Regional de Río Gallegos y 12 del propio ministerio, por manifestarse el día 19 de septiembre, la medida “justificada”, como investigación de irregularidades, pero calificada por los sindicatos como "persecución". Ross aclaró que no habrá descuentos salariales durante los 90 días de sanción, buscando mitigar impactos, aunque no dicen que perderán horas extras, que significan en algunos casos, más de la mitad del sueldo. Además, gremios como ATSA y autoconvocados denuncian amedrentamiento, exigiendo levantamiento inmediato y avances en paritarias salariales estancadas desde 2024. Movilizaciones, incluyendo caravanas y marchas a Casa de Gobierno el 1 de octubre, visibilizan los reclamos por salarios bajos y falta de insumos, exacerbados por recortes nacionales que restaron $67 mil millones en transferencias en 2024.

Un episodio emblemático de esta escalada ocurrió el 23 de agosto de 2025, cuando el gobernador Vidal realizó una visita sorpresa al Hospital Regional Río Gallegos (HRRG), en una recorrida de más de cuatro horas durante la madrugada y mañana del sábado. Durante el recorrido, Vidal declaró que "se nota el compromiso de los trabajadores" y destacó el funcionamiento óptimo del hospital, pese a las dificultades presupuestarias, reafirmando el respaldo del gobierno al sector. Esta afirmación, difundida en redes sociales y medios oficiales, provocó una inmediata réplica de los trabajadores, quienes, a través de comunicados sindicales y declaraciones públicas, expusieron la realidad cotidiana: escasez crónica de insumos, sobrecarga laboral y condiciones precarias, que comprometen la atención. La contradicción entre la percepción oficial y las denuncias del personal, intensificó las tensiones, consolidando la desconexión del gobierno provincial y alimentando reclamos por mayor transparencia, lo que contribuyó a la escalada de protestas en septiembre.

El Ministerio de Salud ratificó que las suspensiones preventivas, no implican descuentos en los haberes de los trabajadores afectados, aunque persisten las pérdidas por horas extras. Sin embargo, las movilizaciones no cesaron, el 8 de octubre, el personal de salud realizó una caravana exigiendo el inmediato levantamiento de las sanciones y denunciando persecución laboral, en un contexto de reclamos salariales no resueltos y deudas pendientes, como las del sistema de hemodiálisis que motivaron protestas de pacientes renales a fines de septiembre. Paralelamente, la ministra Ross impulsó el 7 de octubre una reunión con directores de hospitales para articular políticas sanitarias y fortalecer la gestión, en un intento por mitigar las críticas.