El proceso contra Basanta se originó en irregularidades detectadas en su trayectoria profesional antes de asumir posiciones clave en el Poder Judicial. En diciembre de 2015, fue designado ministro de Gobierno, rol que, según la Ley de Ministerios, impedía el ejercicio simultáneo de la abogacía. Durante ese período, legalizó su título de abogado el 4 de febrero de 2016, sin registrar matrícula ni actuaciones profesionales posteriores en colegios de abogados o ante el Tribunal Superior.

Al cesar como ministro en diciembre de 2019, Basanta fue nombrado Agente Fiscal mediante decreto provincial N° 139/19, pese a carecer de los dos años de ejercicio requeridos por la Ley 3480. Esta designación, que acumuló solo meses de experiencia computable, antecedió su propuesta como vocal en mayo de 2022 por la entonces gobernadora Alicia Kirchner. La Legislatura aprobó la ternación el 8 de septiembre de 2022, con 16 votos afirmativos del Frente de Todos, cuatro negativos y tres abstenciones, sin objeciones formales a los requisitos del artículo 127 de la Constitución provincial, que exige seis años de ejercicio de la abogacía para tales cargos.

En diciembre de 2023 y febrero de 2024, el abogado Sergio Macagno presentó denuncias ante la Fiscalía de Estado, que el 28 de febrero de 2024 respondió con Nota N° 40/FE/2024, declinando competencia e instando a vías judiciales. Esto derivó en una denuncia penal en abril de 2024 por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, invocando el artículo 253 del Código Penal para sancionar nombramientos y aceptaciones irregulares de cargos. La imputación extendía responsabilidad a Kirchner y diputados como Martín Chávez, quien defendió públicamente la postulación sin aludir a la falta de antigüedad. La denuncia fue archivada sin investigación inicial.

El avance reciente se materializó el 6 de octubre de 2025, cuando Macagno solicitó juicio político ante la Legislatura. El 13 de octubre, la Sala Acusadora se reunió, y al día siguiente, la Comisión Instructora certificó las pruebas, acusando a Basanta e imponiendo suspensión por 30 días con percepción de medio sueldo, conforme a la Ley 13 de procedimiento para juicios políticos. La notificación, intentada el 16 de octubre, fue rechazada por Basanta, quien se negó a firmarla, escalando tensiones en el Tribunal Superior, ya afectado por su ampliación a nueve miembros vía Ley 3949 y acusaciones de duplicidad operativa.

La Sala Juzgadora, integrada por 12 diputados, analizará el expediente en los próximos días para determinar si la suspensión deriva en destitución definitiva o reintegro. Este caso ilustra vulnerabilidades en procesos de designación judicial, donde la ausencia de verificación estricta de idoneidad técnica —exigida por la Ley de Ética Pública N° 3325— compromete la imparcialidad institucional. Corroborado por registros legislativos y respuestas fiscales, el procedimiento subraya la necesidad de escrutinio riguroso para preservar la confianza en el sistema de justicia, en un contexto de reformas estructurales que demandan consenso político más allá de afinidades partidarias.