Durante la cumbre, Milei enfatizó el consenso alcanzado en la reforma laboral, que busca actualizar un régimen vigente desde hace siete u ocho décadas. Esta medida apunta a reducir el empleo informal, que afecta a la mitad de los trabajadores argentinos, permitiendo contratos flexibles sin menoscabo de derechos adquiridos. Los participantes coincidieron en que tales cambios facilitarán la inserción de jóvenes y pymes en el mercado formal, con énfasis en provincias donde la informalidad supera el 50 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El equilibrio fiscal emergió como otro eje central, con acuerdo total en su adopción como política de Estado. Milei precisó que, aunque persisten diferencias en los mecanismos de implementación, todos los presentes aplican principios similares en sus distritos. El Gobierno nacional proyecta un déficit cero para el próximo ejercicio, alineado con el proyecto de ley presupuestaria que se enviará al Congreso en noviembre. Esta postura se refuerza con el compromiso de los mandatarios regionales de ajustar gastos corrientes en un 15 por ciento promedio, conforme a informes del Ministerio de Economía.

Cuatro gobernadores no asistieron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), por divergencias ideológicas que, según fuentes cercanas al Ejecutivo, obstaculizan el diálogo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, coordinó las invitaciones para focalizar en líderes dispuestos a colaborar, lo que resultó en un ambiente de diálogo fluido, con gestos de cordialidad entre los presentes.

Milei anunció además un cronograma de dos visitas provinciales mensuales y cabildos federales itinerantes, para extender el debate a legisladores locales y entidades productivas. Estos pasos buscan consolidar el apoyo en el Congreso, donde la iniciativa laboral requiere quórum en ambas cámaras para su aprobación en sesiones extraordinarias.

El encuentro refleja un esfuerzo por alinear agendas entre Nación y provincias ante el cierre del año legislativo. Datos del Consejo Federal de Inversiones indican que las reformas discutidas podrían elevar la inversión privada en un 8 por ciento en el sector productivo regional durante 2026.