El expediente contra Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia, se presentó el 6 de octubre de 2025 ante la Legislatura provincial. El abogado Sergio Macagno denunció que Basanta, titulado en 2015, asumió como agente fiscal en diciembre de 2019 y como vocal en septiembre de 2022, sin acumular los seis años de ejercicio profesional requeridos por la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La acusación incluye presuntas infracciones a los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal argentino, relativas a omisión de deberes y resoluciones contrarias a la ley.

El 15 de octubre, la Sala Acusadora, integrada por once diputados, aceptó la denuncia por mayoría y ordenó la suspensión preventiva de Basanta en sus funciones, con percepción del 50 por ciento de su remuneración. La medida busca preservar la integridad del proceso mientras se recopilan pruebas. La Comisión Instructora, conformada por los diputados Santiago Aberastain, Mario Boffi, Pedro Muñoz y Cristian Ojeda, preparará la sustentación de cargos ante la Sala Juzgadora.

La notificación de la suspensión se entregó el 16 de octubre. Inicialmente, Basanta rechazó recibirla, pero posteriormente firmó el acta, confirmando su aceptación formal. Este paso habilitó el avance del expediente.

El 24 de octubre, el vicegobernador Fabián Leguizamón citó a la Sala Juzgadora para su sesión del lunes 27 a las 15 horas. El cuerpo incluye a doce diputados: Carlos Alegría, Eloy Echazú, Fernando Españon, Rocío García, Fabiola Loreiro, Pedro Luxen, Adriana Nieto López, Karina Nieto, Daniel Peralta, Fernando Pérez, Lorena Ponce y José Quiroga. En esta instancia, se examinarán pruebas y argumentos para determinar si procede la destitución, conforme al artículo 137 de la Constitución provincial y la Ley 13.

Este procedimiento se desarrolla en un contexto de reformas al sistema judicial. El 28 de agosto, la Cámara aprobó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve vocales, mediante la Ley 3949, para atender el incremento demográfico y mejorar la eficiencia institucional. La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista, exige ternas del Ejecutivo y respeta la paridad de género en designaciones.

Paralelamente, persisten desacuerdos sobre la restitución del Procurador General al Tribunal Superior. El proyecto, que modificaría la Ley 1600 para reintegrar la figura jerárquica sobre fiscales y defensores, enfrentó oposición de autoridades del Ministerio Público Fiscal. La sesión prevista para el 23 de octubre se suspendió por falta de quórum, postergando su debate. Críticos argumentan que la medida podría comprometer la autonomía del Ministerio Público, mientras defensores la ven como corrección de desequilibrios históricos.