La reciente jura de Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega como vocales, pese a la medida cautelar dictada por el propio Tribunal, que suspende por cuatro meses los efectos de la Ley 3949, evidencia la tensión entre la voluntad legislativa y la preservación de la autonomía judicial. Esta norma, promulgada por Decreto 0768/25, buscaba fortalecer el máximo órgano provincial mediante la incorporación de perfiles con trayectoria en fiscalías y defensa estatal, como los mencionados, junto a Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Sin embargo, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales "3 de Julio" argumentó inconstitucionalidad, alegando vulneración del equilibrio de poderes, lo que derivó en la resolución firmada por vocales como Renée Guadalupe Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau.

No obstante, la ampliación no ha resuelto las disfunciones estructurales. Los vocales Fernández, Mercau, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta, emitieron un comunicado denunciando un "desfinanciamiento histórico", que compromete el funcionamiento de juzgados y derechos laborales, alertando sobre el riesgo a la independencia judicial, frente a presiones políticas y económicas. Esta posición se agudizó con la remoción de Daniel Mariani de la presidencia, quien la calificó como un "golpe de Estado palaciego" por ignorar la vigencia inicial de la ley, y amenazó con juicios políticos contra sus pares, por abuso de autoridad.

En respuesta, Fernández, asumida como presidente, emitió una circular interna ordenando al personal judicial abstenerse de acatar directivas de Mariani, reafirmando su autoridad exclusiva, y exacerbando la dualidad de liderazgos. Acevedo, por su parte, defendió la legitimidad del proceso, invocando el cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de la Justicia N° 1600, y lo presentó como un "hito histórico" para una administración más eficiente, aunque reconoció la necesidad de acuerdos mayoritarios para deliberaciones futuras.

Por consiguiente, estas dinámicas revelan un Poder Judicial santacruceño atrapado en disputas que trascienden lo técnico, reflejando el choque entre reformas impulsadas por el oficialismo provincial y resistencias ancladas en tradiciones institucionales.

Asimismo, la crisis podría erosionar el poder kirchnerista en la provincia, donde los cuatro vocales disidentes, mantienen vínculos con Unión por la Patria, sector que ha dominado históricamente el TSJ. La dilución de su influencia mediante la ampliación, si se consolida tras el fallo de fondo, facilitaría avances contra aliados, como en investigaciones sobre corrupción o fondos provinciales, potencialmente abriendo indagatorias federales que cuestionen legados del kirchnerismo en Santa Cruz. No obstante, la suspensión cautelar posterga este escenario, manteniendo la parálisis operativa.

Finalmente, el legislador nacional José Luis Garrido, del Frente de Todos, anunció que el próximo miércoles presentará en la Cámara de Diputados un proyecto para intervenir el Poder Judicial santacruceño, argumentando que la fractura interna y las recusaciones cruzadas demandan una resolución federal para restaurar la estabilidad y evitar la parálisis total del sistema. Esta iniciativa, calificada por Garrido como "lo más sano", podría escalar el conflicto al ámbito nacional si prospera.