La decisión, adoptada el jueves por Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta y Paula Ludueña, se produjo en medio de un conflicto por la jura de los nuevos vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, ratificada por Mariani horas antes mediante una resolución que defendía la plena aplicación de la Ley 3949, norma que modifica la orgánica judicial provincial y amplía el número de vocales a nueve. Esta ley, sancionada el 28 de agosto de 2025, permanece en vigor pese a amparos y cautelares presentados por sectores opositores.

Además, el vicegobernador Fabián Leguizamón criticó duramente la medida en redes sociales, calificándola como "un episodio vergonzoso y sin precedentes en la historia del TSJ". Acusó a los vocales involucrados de afinidad con el kirchnerismo y denunció el ingreso irregular de personal afín a ese espacio, como la designación de la esposa de un exconcejal de La Cámpora sin proceso de examen, lo que, según él, vulnera el debido procedimiento.

En este contexto, la designación de Fernández como presidenta resalta su trayectoria de ocho años como vocal, cargo al que accedió en diciembre de 2017 por decreto de la entonces gobernadora Alicia Kirchner. Previamente, integró la Cámara Civil de la Primera Circunscripción y ejerció como apoderada del Frente para la Victoria Santacruceña, aunque enfrentó intentos fallidos de jury por presuntos abusos de autoridad y demoras en causas, que no prosperaron.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, creado por la Ley Nº 33 el 27 de diciembre de 1957, ha desempeñado un rol clave en la fiscalización de la legalidad del gasto público, contribuyendo a la transparencia institucional en un territorio marcado por desafíos presupuestarios históricos.

Queda pendiente la respuesta del gobernador Claudio Vidal y el oficialismo ante las ternas pendientes para vocales, que incluyen revisiones en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que podría agravar la polarización en el Poder Judicial santacruceño.