La Sala Acusadora, integrada por doce diputados provinciales, se reúne a las 16 horas en sesión reservada para analizar los expedientes 40349 y 40531, derivados de la denuncia del abogado Sergio Macagno. Este organismo decide la admisibilidad del proceso, la cual alega incumplimiento de requisitos constitucionales para el cargo de Basanta, como los años de ejercicio profesional exigidos. De prosperar, el caso avanzaría a la Sala Juzgadora, también con doce miembros, encargada de valorar pruebas y resolver sobre destitución o absolución.

Los integrantes de la Sala Acusadora incluyen a Santiago Aberastain Zubimendi, Mario Piero Boffi (quien firmó la convocatoria), Claudia Fabiana Barrientos, José Ramón Bodlovic, Carlos Alberto Godoy, Javier Santiago Jara, Alfredo Fernando Martínez Alfaro, María Agostina Mora Doldán, Segundo Pedro Muñoz, Cristian Eduardo Ojeda, Carlos Alcides Santi y Claudia Patricia Urrutia. La Sala Juzgadora, por su parte, está conformada por Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Dante Echazú, Fernando Omar Españon, María Rocío García, Fabiola Carolina Loreiro, Pedro Hernán Luxen, Karina Alejandra Nieto, Adriana Isabel Nieto López, Daniel Román Peralta, Fernando Oscar Pérez, Elba Lorena Ponce y José Luis Quiroga. Esta composición, refleja el equilibrio partidario en la Legislatura, donde el oficialismo, Por Santa Cruz, mantiene influencia mayoritaria.

En este contexto, el pedido contra Basanta se inscribe en una crisis más amplia del Tribunal Superior de Justicia, agravada por la reciente ampliación de vocales, de cinco a nueve, aprobada en sesiones legislativas de septiembre y octubre. 

Los cuatro nuevos integrantes, Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, juraron en esas fechas, generando tensiones que culminaron en el desplazamiento de Daniel Mariani, como presidente, reemplazado por Renée Fernández. Fernández, quien es vocal desde 2017 y ex apoderada del Frente para la Victoria, enfrenta cuestionamientos por su alineamiento político, y resoluciones controvertidas, como la validación de la Ley de Lemas o restricciones al acceso a información pública.

Además, su gestión ha registrado conflictos con el gremio judicial, incluyendo pedidos de jury por abuso de autoridad, y morosidad en causas, así como un incidente de 2017 por afiches paródicos que derivó en una medida cautelar. Esta polarización, cuatro vocales afines al Ejecutivo versus cuatro opositores, incluido Basanta, expone vulnerabilidades en la designación de magistrados, y amenaza la imparcialidad del Poder Judicial.

Por consiguiente, la resolución de la Sala Acusadora podría reconfigurar el equilibrio en el Tribunal, intensificando el escrutinio sobre la legalidad de los nombramientos, y la separación de poderes en Santa Cruz. Un fallo adverso para Basanta aceleraría el proceso político, mientras que su rechazo archivaría la denuncia, pero perpetuaría la inestabilidad institucional. Este episodio subraya la necesidad de reformas que fortalezcan la idoneidad y autonomía judicial, en un marco de expectativas elevadas entre actores políticos y la sociedad.