La iniciativa, remitida a la Legislatura provincial, busca saldar una "deuda histórica" mediante la reincorporación de Sosa, desplazado en 1995, pero colisiona con principios constitucionales al suprimir la defensa pública integral, un pilar del sistema acusatorio. Este enfoque, calificado como retroceso por organismos nacionales, expone fracturas en el equilibrio de poderes en Santa Cruz, donde la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, programada para hoy a las 14:00, podría precipitar un reordenamiento profundo del Ministerio Público.

Además, el rechazo unánime del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina subraya la inconstitucionalidad de la propuesta, al violar el artículo 6 de la Constitución provincial —que prohíbe suspender garantías— y el 120 de la Nacional, que consagra la autonomía del Ministerio Público de la Defensa. Firmado por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el comunicado del 5 de octubre invoca resoluciones de la OEA (AG/RES 2656 de 2011 y sucesivas) y la sentencia de la Corte Interamericana en "José Agapito Ruano Torres vs. El Salvador" (2015), que exigen independencia funcional para equilibrar el "poder persecutorio". Estos argumentos refuerzan la percepción de una amenaza al Estado de Derecho, particularmente para colectivos vulnerables dependientes de asistencia legal gratuita.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz, en un pronunciamiento colectivo, advierte sobre riesgos de politización al centralizar funciones bajo el Procurador General, lo que comprometería la imparcialidad y la separación de poderes establecida en la reforma de 1994. Firmado por fiscales como Carlos Rubén Rearte y María Verónica Zuvic, el texto enfatiza que tales alteraciones erosionarían la confianza ciudadana en la justicia, transformando una supuesta reparación, en un desequilibrio institucional.

En este contexto, el cargo de Procurador General, que Eduardo Sosa ocuparía si se aprueba la reforma, conlleva la jefatura del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, con responsabilidad de dirigir la acción penal pública, representar al Estado ante tribunales y subrogar en el Tribunal Superior de Justicia. Sosa, quien ejerció la función entre 1990 y 1995 hasta su remoción por el entonces gobernador Néstor Kirchner, simboliza para el oficialismo la lucha contra la "corrupción histórica" kirchnerista, respaldada por el SER y Encuentro Ciudadano, como un avance hacia la impunidad cero.

En consecuencia, mientras el gobierno de Vidal enmarca la medida como reivindicación simbólica, las oposiciones institucionales la ven como obstáculo al diálogo y la prudencia requeridos por la Constitución Nacional (artículo 5). La resolución de hoy no solo definirá la estructura judicial santacruceña, sino que pondrá a prueba la vigencia republicana en una provincia marcada por tensiones crónicas en su Poder Judicial, donde divisiones en el Tribunal Superior, agravan el panorama. Un avance sin consensos podría profundizar la crisis de legitimidad, recordando que la autonomía de la defensa pública no es negociable para sostener el acceso igualitario a la justicia.