El Congreso Extraordinario de ADOSAC, realizado en Río Gallegos, resuelve esta medida de fuerza como respuesta al estancamiento en las negociaciones paritarias iniciadas en enero. El gremio representa a unos 10.000 docentes en la provincia, donde el ciclo lectivo 2025 acumula ya más de 30 días de interrupciones por conflictos similares. La decisión surge de asambleas en las 14 filiales, que denuncian un deterioro en las condiciones educativas pese a los esfuerzos presupuestarios del Ejecutivo.

Desde el comienzo del año, ADOSAC mantiene un pliego de demandas centrado en la recomposición salarial. El salario inicial de un maestro ingresante alcanza actualmente los 890.000 pesos, pero el gremio exige un ajuste que lo eleve a 1.300.000 pesos, alineado con la canasta básica total patagónica calculada por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta cifra supera la línea de pobreza regional, estimada en 1.200.000 pesos mensuales según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) adaptados a la zona. Además, se requiere la activación de una cláusula gatillo para ajustes mensuales por inflación, mecanismo que el Gobierno incluyó en ofertas previas pero que el sindicato considera insuficiente sin una base inicial adecuada.

En marzo, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 38,30% más cláusula gatillo, que posicionaría los salarios santacruceños entre los más altos del país, superando la inflación proyectada del 25% anual. Sin embargo, ADOSAC la rechazó en el congreso, argumentando que no cubre el costo de vida local, agravado por la baja recaudación provincial y la prórroga presupuestaria nacional desde 2023. En septiembre, un paro similar de 48 horas interrumpió el cierre del bimestre, con adhesión del 80%, según estimaciones gremiales. Esto suma a las 72 horas de agosto y las 48 de julio, totalizando interrupciones que afectan a 89.000 alumnos en todos los niveles educativos.

Además de lo salarial, ADOSAC prioriza la estabilidad laboral. La demanda incluye la no reducción de puestos de trabajo, la creación de nuevos cargos para 2026 y la titularización de docentes, en modalidades como inicial y secundaria. El Gobierno, por su parte, ofreció en febrero la cobertura de 80 cargos vacantes mediante movilidad interna, pero el gremio denuncia "despidos encubiertos" por bajas no reemplazadas, un concepto que el Ejecutivo califica de "error interpretativo" al atribuirlo a fluctuaciones normales en el sector. En este punto, se cruza con reclamos de infraestructura: el sindicato exige reparaciones urgentes en escuelas de Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate, donde persisten fallas en calefacción, electricidad y abastecimiento de agua, heredadas de gestiones previas. El Consejo Provincial de Educación (CPE) destinó en 2025 más de 2.000 millones de pesos a obras, pero ADOSAC reporta avances parciales en solo el 40% de los edificios afectados.

El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, reiteró en octubre la invitación a mesas técnicas para analizar demandas laborales, destacando incrementos en asignaciones familiares del 50% desde diciembre de 2024. No obstante, el CPE intimó en septiembre a ADOSAC a acatar conciliaciones obligatorias, bajo amenaza de descuentos por días no trabajados, medida que el gremio califica de "extorsiva". Se evidencia el apoyo a la huelga y resalta la "falta de diálogo". La medida impacta directamente en el cierre del ciclo lectivo. Las 48 horas suspenden clases en todas las localidades, con movilizaciones previstas en Río Gallegos y Caleta Olivia. 

El CPE garantiza guardias mínimas en niveles inicial y especial, pero estima una pérdida de 1.500 horas cátedra. Datos del Ministerio de Educación provincial indican que, al 15 de noviembre, el año suma 33 días de paro, equivalentes al 15% del cronograma anual.

Hasta el momento, no hay respuesta oficial del Gobierno al anuncio. La paritaria convocada para el 20 de noviembre en el Ministerio de Trabajo definirá los próximos pasos, con ADOSAC exigiendo homologación inmediata de acuerdos. Los boletines del CPE confirman que los haberes de noviembre se acreditarán el 4 de diciembre, sin descuentos anunciados por la huelga. El conflicto persiste en análisis, con mesas de trabajo programadas para diciembre.