El gremio convocó un congreso provincial para el lunes 17, con el fin de evaluar respuestas y definir acciones sindicales ante la postergación de incrementos hasta enero de 2026.

Las negociaciones, que involucraron también al Sindicato Argentino de Maestros y Educadores Técnicos (AMET), se desarrollaron en un contexto de tensiones acumuladas durante 2025. 

Desde septiembre, ADOSAC ha impulsado reclamos por la reapertura inmediata de paritarias, tras incrementos salariales limitados al 20% por decreto y un acumulado del 302% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ajustado por la cláusula gatillo. El secretario administrativo del gremio, Miguel del Plá, señaló que "en lo salarial no se avanzó prácticamente nada", destacando la falta de ofertas concretas en las últimas instancias.

Entre las demandas principales, ADOSAC solicitó un reajuste salarial porcentual para mitigar la inflación acumulada, junto con el adelanto de la cláusula gatillo hacia 2026, que vincula incrementos al índice de precios al consumidor (IPC). Además, el gremio exigió el pago del título docente en segundos cargos, la derogación de acuerdos provinciales sobre relevo de funciones (como los 328/25 y 329/25) y la resolución urgente de sumarios pendientes.

En el ámbito educativo, se planteó la reducción de alumnos por aula a un máximo de 12-20, la implementación de parejas pedagógicas y preceptoras únicas por sala, así como la incorporación de cargos de orientadores sociales y la modificación del nomenclador para modalidades rurales. Estas peticiones buscan preservar unos 1.500 puestos docentes ante posibles cierres de cursos por reestructuraciones.

El gobierno de Santa Cruz, representado por el Ministerio de Trabajo, rechazó las alternativas salariales citando restricciones presupuestarias derivadas de la coyuntura económica nacional y provincial. En su lugar, se comprometió a garantizar la planta docente para el ciclo lectivo 2026 mediante salvaguardas generales contra cierres de cursos y a analizar propuestas de reorganización escolar en mesas técnicas posteriores. 

El Ejecutivo defendió la vigencia de la cláusula gatillo hasta febrero de 2026, con pagos basados en el IPC, y propuso una nueva paritaria en enero para definir pautas salariales anuales. No se avanzó en el pago de títulos en cargos adicionales ni en la revisión de sumarios, aunque se solicitó una lista de casos para su evaluación.

Además de los reclamos económicos, las discusiones cruzaron temas institucionales. ADOSAC repudió la "conciliación obligatoria" impuesta previamente al AMET durante paros de septiembre, medida que el gremio docente interpretó como un condicionante al diálogo. En octubre, el secretario general Juan Valentín criticó al gobierno por "embarrar la cancha constantemente", al cerrar intempestivamente discusiones y fijar fechas lejanas como el 17 de noviembre para la paritaria actual. Estas tensiones derivaron en medidas de fuerza previas, como paros de 48 y 72 horas en septiembre y octubre, que afectaron la continuidad escolar en la provincia.

El paritario de ADOSAC, Luis Díaz, resumió el cierre de la instancia como "ambivalente": favorable en la protección laboral, pero insuficiente en lo salarial, donde "el gobierno circunscribió cualquier posibilidad de mejora al contexto general de la provincia". La secretaria adjunta Adriana Astolfo había advertido en octubre que la paritaria de noviembre "sigue estando lejos" y que la discusión salarial "tiene que ser ya", reflejando la urgencia ante el impacto en los sueldos docentes, que en algunos casos no superan la línea de pobreza.

La próxima reunión paritaria está programada para el jueves 20 de noviembre a las 9:00, donde se expresarán posiciones formales. Mientras tanto, el congreso del lunes definirá si se escalan acciones, como nuevos paros o movilizaciones locales, en un escenario donde la continuidad de la cláusula gatillo y la estabilidad presupuestaria provincial permanecen en evaluación.