Creada en 1992 por un grupo de empresarios comprometidos con la solidaridad comunitaria, la Fundación Pro Vivienda Social, se dedica a mejorar las condiciones habitacionales y ambientales en barrios de bajos ingresos del Gran Buenos Aires. Su enfoque radica en la organización vecinal como herramienta para el desarrollo barrial, reforsando en la gestión participativa de recursos y la asistencia técnica a proyectos locales. En el partido de Moreno, ha impulsado iniciativas concretas, como la extensión de redes de gas natural a más de una decena de barrios, la generación de empleo familiar y el abastecimiento de comedores comunitarios.

Desde octubre de 2025, la entidad se ve involucrada en un conjunto de litigios que reclaman indemnizaciones, por supuestos incumplimientos en fideicomisos administrados para obras sociales. Estos reclamos, originados en disputas con beneficiarios y proveedores, acumulan montos que superan el valor de sus activos, lo que podría derivar en la liquidación forzada de la organización. Fuentes judiciales indican que el procedimiento preliminar para la extinción, ya se inició, con audiencias programadas para noviembre en tribunales de la provincia de Buenos Aires. La fundación argumenta que las demandas carecen de sustento fáctico, y responden a interpretaciones restrictivas de contratos fiduciarios, pero el avance del proceso genera incertidumbre operativa.

Este litigio no es aislado, sino que refleja tensiones estructurales en el ecosistema de las ONG argentinas. Según datos del Registro de Entidades Civiles de la Inspección General de Justicia (IGJ), más de 50.000 organizaciones sin fines de lucro operan en el país, contribuyendo con el 4% del PIB en servicios sociales y ambientales. Sin embargo, reformas recientes en la normativa fiscal y contractual, han incrementado la exposición a reclamos patrimoniales, especialmente en entidades que manejan fondos de terceros. En redes sociales, publicaciones de la fundación y aliados destacan cómo estas demandas interrumpen programas activos, afectando directamente a miles de familias dependientes de sus intervenciones.

El caso ilustra la fragilidad de mecanismos de protección para el tercer sector. Expertos en derecho civil señalan que, sin ajustes legislativos, similares procesos podrían multiplicarse, limitando la capacidad de las ONG para atraer donaciones y ejecutar proyectos. En paralelo, el Ministerio de Justicia ha emitido directrices para agilizar revisiones de entidades, pero no incluye salvaguardas específicas contra extinciones por deudas litigiosas. La resolución pendiente en este expediente determinará no solo el futuro de la Fundación Pro Vivienda Social, sino el marco operativo para otras instituciones análogas.