La decisión de las autoridades del Hospital Juan P. Garrahan se enmarca en un contexto de ajustes fiscales impulsados por el gobierno nacional. Según el acta firmada el 29 de noviembre de 2024 entre el Ministerio de Salud y gremios del sector, el aumento del 61% —distribuido en tramos del 20%, 20% y 21%— busca compensar la inflación acumulada en los últimos meses. Sin embargo, la institución optó por excluirse de esta paritaria, priorizando la "preservación de la austeridad" en sus cuentas, como se detalla en un comunicado interno difundido esa misma semana.

Datos del presupuesto 2025 del hospital, disponibles en el portal de datos abiertos del Ministerio de Economía, indican que el Garrahan cuenta con un fondo operativo de aproximadamente 45.000 millones de pesos, de los cuales el 65% se destina a salarios. Incorporar el ajuste implicaría un desembolso adicional de unos 200 millones de pesos mensuales, equivalente al 0,4% del total anual, según cálculos basados en la planilla de personal con 2.800 trabajadores. Esta estimación coincide con proyecciones publicadas por el sitio oficial de la institución, que enfatizan la necesidad de equilibrar recursos ante la caída del 15% en transferencias estatales registrada entre enero y octubre de 2024.

La medida contrasta con la adhesión inmediata de otros hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires, como el Gutiérrez o el Posadas, que ya implementaron el primer tramo del aumento en diciembre. Fuentes del Ministerio de Salud confirman que, hasta la fecha, el 85% de los efectores dependientes han suscripto el acuerdo, lo que eleva la brecha salarial en el Garrahan respecto a pares del sistema. Un informe de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), accesible en su portal web, señala que este tipo de exclusiones podría impactar en la retención de profesionales, dado que el salario base promedio en el hospital se ubica en 450.000 pesos, por debajo del promedio sectorial de 520.000 pesos tras el ajuste.

En el ámbito nacional, se han reportado casos similares en provincias como Córdoba y Mendoza, donde directivas hospitalarias postergaron incrementos para alinear con directrices de gasto público. Un hilo en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud (@MSaludM) del 2 de diciembre de 2024 resalta que estas decisiones responden a la Resolución 2023/24, que obliga a los entes públicos a justificar desvíos presupuestarios ante la Oficina Nacional de Presupuesto. No obstante, el Garrahan argumenta que su estructura autónoma permite flexibilidad en negociaciones salariales, amparada en la Ley 26.485 de Financiamiento de la Salud.

La resolución interna del hospital establece que el personal directivo mantendrá su remuneración actual, mientras se evalúan mecanismos alternativos de compensación no monetaria, como bonos por productividad. Según el Boletín Oficial del 15 de diciembre de 2024, el presupuesto nacional para salud asigna 1,2 billones de pesos al sector, un 8% más que en 2024, aunque distribuido en insumos y equipamiento. Esta priorización fiscal, alineada con la política económica vigente, muestra tensiones entre sostenibilidad presupuestaria y demandas laborales en instituciones clave como el Garrahan, que atiende anualmente a 600.000 consultas ambulatorias y realiza 12.000 cirugías.

El impacto en la operatividad del hospital se monitorea mediante indicadores de ausentismo, que hasta noviembre de 2024 se mantienen en 4%, por debajo del promedio nacional del 6%, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Recursos Humanos en Salud. Gremios locales han convocado reuniones paritarias internas para el primer trimestre de 2025, con el objetivo de negociar ajustes personalizados que no comprometan la estabilidad financiera.