La municipalidad de Caleta Olivia, ha iniciado la fase operativa del Registro Obligatorio de Canes Potencialmente Peligrosos. Este mecanismo busca identificar y controlar animales de razas o características que puedan representar riesgos, conforme a la Ley Nacional 26.687 del 2011. La colocación de microchips comenzó a mediados de octubre de 2024 en cinco veterinarias locales: Nuevo Palenque, Picasso, Wuaira, Mundo Animal e Isabel Guerrero. Posteriormente, el servicio se extendió al Centro de Sanidad Animal municipal.

Los requisitos para los propietarios incluyen la inscripción obligatoria de perros de razas como pit bull terrier, rottweiler o dóberman, o aquellos con historial agresivo. En las clínicas privadas adheridas, el microchipping se aplica a cualquier mascota sin exigir castración previa. En cambio, el Centro de Sanidad Animal y el Quirófano Móvil municipal condicionan el procedimiento a la esterilización, salvo casos de fines reproductivos que deben gestionarse en establecimientos privados. Hasta el momento, no se reportan rechazos por parte de los residentes, lo que indica una aceptación inicial positiva.

Entre enero y septiembre de 2024, el municipio registró 2.423 castraciones de perros y gatos, 1.695 vacunaciones antirrábicas y 3.278 desparasitaciones. Estos datos reflejan el esfuerzo sostenido en salud animal, aunque el volumen diario de esterilizaciones disminuyó, lo que motivó el registro para fomentar la tenencia responsable. La Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonosis, a cargo de David Acosta, coordina estas acciones, integrando el registro al plan anual de intervenciones gratuitas. A partir del 1 de enero de 2025, se aplicarán inspecciones en áreas públicas como la costanera, con el fin de verificar el cumplimiento.

En el ámbito provincial, carece de una ley provincial específica que unifique el registro a nivel territorial. La implementación en Caleta Olivia responde a la necesidad de regular la circulación de estos animales en espacios compartidos, reduciendo incidentes reportados en entornos urbanos.

Otras provincias argentinas han adoptado medidas similares. En Chubut, la ordenanza municipal de Puerto Madryn desde 2006 exige un registro con microchips y multas por incumplimiento, abarcando perros de más de 20 kilos, o con comportamiento agresivo. Río Negro mantiene un padrón provincial desde 2005, que prohíbe la tenencia sin inscripción y exige seguros de responsabilidad civil. En Neuquén, un proyecto de ley de 2012 propone un registro detallado con datos biométricos del animal y del dueño. Buenos Aires, por su parte, integra el registro nacional con trámites digitales que requieren clave fiscal y fotografías del perro. Estas normativas, presentes en al menos once provincias, buscan uniformar el control ante el aumento de ataques reportados en los últimos años.