La investigación, iniciada en agosto de 2018, se originó en anotaciones manuscritas halladas en poder de Oscar Centeno, chofer de un exfuncionario. Esos registros detallaban supuestos traslados de fondos en efectivo a oficinas públicas y residencias privadas, vinculados a adjudicaciones de infraestructura. Según el expediente judicial, las notas cubrían periodos entre 2005 y 2015, con menciones a más de 100 encuentros y sumas que superaban los 50 millones de dólares en valores ajustados.

Los tribunales federales, procesaron a 83 personas entre exautoridades, empresarios y intermediarios. En sentencias recientes, confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal, se impusieron penas de prisión efectiva a figuras como José López, exsecretario de Obras Públicas, con seis años por enriquecimiento ilícito, y Lázaro Báez, empresario cercano al oficialismo de entonces, con 10 años por asociación ilícita y administración fraudulenta. Estos fallos se basan en pruebas como testimonios de arrepentidos y movimientos bancarios rastreados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó transferencias inusuales por 140 millones de pesos en cuentas offshore.

Otras imputaciones concluyeron en absoluciones o caducidad de acciones. Cristina Fernández de Kirchner, procesada inicialmente por presunta participación en la maniobra, obtuvo sobreseimiento en 2021 por falta de elementos probatorios directos, decisión ratificada en apelaciones posteriores. Similarmente, casos contra Julio De Vido, exministro de Planificación, prescribieron por el transcurso del plazo legal, conforme al Código Procesal Penal. Datos del Centro de Información Judicial (CIJ) indican que, de las 12 causas, siete derivaron en juicios orales, con un 40% de condenas firmes.

El esquema descrito en los cuadernos, apuntaba a un porcentaje fijo del 10% en licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, según declaraciones de colaboradores eficaces como Centeno y empresarios del rubro. Informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), accesibles en su portal oficial, corroboran irregularidades en pagos por obras en Santa Cruz, como la ruta 3 y 288, donde se registraron sobreprecios del 20% en al menos 51 contratos. Estos elementos, cruzados con reportes de la Oficina Anticorrupción (OA), fortalecen la reconstrucción de flujos financieros opacos.

En paralelo, la causa influyó en reformas procesales. La ley de arrepentidos, impulsada en 2018, facilitó acuerdos con 15 imputados, los que aportaron evidencias clave, reduciendo plazos de investigación en un 30%, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, críticas de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señalan demoras en la ejecución de penas, con solo el 25% de condenados cumpliendo detención efectiva al cierre de 2024.

Actualizaciones en portales como el de La Nación y Clarín, respaldadas por publicaciones en sus cuentas verificadas en X (ex-Twitter), confirman que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó el archivo de ramas menores por agotamiento de pruebas, decisión avalada el 4 de noviembre de 2025. Estos medios citan fuentes judiciales que estiman un impacto económico recuperado de 8.000 millones de pesos mediante decomisos y embargos.

El desenlace de esta causa integra un panorama más amplio de indagatorias por corrupción en el sector público. Desde 2015, el Poder Judicial ha resuelto 45 causas similares, con un promedio de 4,2 años por resolución, datos del Consejo de la Magistratura. Este cierre permite reasignar recursos a investigaciones pendientes, como las derivadas de la ruta del dinero K, donde persisten audiencias programadas para 2026.

Los fallos en la causa de los cuadernos dejan en evidencia las responsabilidades puntuales en un entramado de adjudicaciones cuestionadas, sin alterar equilibrios institucionales mayores. La documentación acumulada, preservada en el Archivo General de la Nación, servirá de referencia para futuras fiscalizaciones de contratos estatales.