El gobierno provincial mantiene un acuerdo salarial hasta diciembre de 2025 con cláusula gatillo, pero el sindicato exige reaperturas urgentes ante salarios por debajo de la línea de pobreza y a su vez rechaza la reforma educativa nacional.  

El conflicto entre la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y el gobierno provincial de Claudio Vidal escala en las últimas semanas de 2025. Acumula reclamos no resueltos desde julio, cuando se firmó el acta paritaria que fija incrementos salariales con aplicación automática del índice de precios al consumidor (IPC) patagónico hasta diciembre. El Consejo Provincial de Educación, incluye un 38% de aumento proyectado para 2025 sobre una inflación estimada del 15%, con pagos mensuales que incorporan una recuperación adicional por encima del IPC. Sin embargo, ADOSAC califica estos ajustes como insuficientes, ya que el salario inicial de un docente apenas supera el millón de pesos, inferior a la canasta básica total de Santa Cruz, que ronda el 1,6 millones según estimaciones universitarias locales.

Además, el gremio denuncia prácticas de apriete por parte del Ejecutivo. En una conferencia del 28 de noviembre, dirigentes de ADOSAC revelaron descuentos por adhesión a paros, aplicados pese a conciliaciones obligatorias vigentes. Estos recortes, que afectan jornadas de fuerza resueltas en congresos provinciales, se suman a registros de asistencia cuestionados como herramienta para sancionar a adherentes. El sindicato envió intimaciones al Consejo Provincial de Educación para cesar estas medidas, consideradas ilegales, y anunció posibles acciones judiciales. En la zona norte de la provincia, se reportan casos de difusión de datos personales de docentes, como recibos de sueldo erróneos, interpretados como intentos de deslegitimar el reclamo. César Alegre señaló que estas acciones violan derechos sindicales y buscan generar temor entre los trabajadores.

La falta de diálogo agrava la tensión. ADOSAC participó en más de diez instancias paritarias y subcomisiones desde julio, presentando 26 puntos laborales pendientes, entre ellos titularizaciones, concursos para estabilidad y creación de cargos en educación especial e inicial. Ninguno avanzó, según el gremio, que acusa a la presidente del Consejo Provincial de Educación de desviar debates hacia temas como inclusión sin asignar recursos. La próxima audiencia de conciliación está programada para el 9 de diciembre, pero el sindicato exige respuestas antes de fin de año para evitar escaladas. En este contexto, un plenario de secretarios generales y asambleas evalúa medidas de fuerza, incluyendo posibles paros que impacten el receso invernal o el inicio de 2026.

Otro frente de disputa es la reforma educativa nacional, que ADOSAC vincula al conflicto local. El proyecto de "libertad educativa", impulsado por el gobierno nacional, propone cambios estructurales como mayor autonomía escolar y apertura a intervenciones privadas, lo que el gremio interpreta como un paso hacia la mercantilización de la educación pública. La secretaria adjunta Adriana Astolfo anunció coordinación con otros sindicatos docentes para resistir esta iniciativa, que amenaza la ley de financiamiento educativo actual y la asignación de recursos a escuelas estatales. Datos del presupuesto nacional 2026 confirman recortes: la inversión federal en educación desciende al 0,75% del PBI, la mitad que en 2016, con reducciones del 62,9% en infraestructura y equipamiento. En Santa Cruz, donde los salarios docentes representan el 90% del gasto educativo provincial, esta tendencia nacional agrava la crisis local, con caídas reales superiores al 40% en la última década.

El rechazo gremial a multas millonarias previas, como la de 13.642 millones de pesos aplicada en septiembre por no acatar conciliaciones.

El presupuesto provincial para educación 2026 permanece en definición, pero sin avances en paritarias, ADOSAC anticipa un congreso provincial para delinear acciones. La conciliación del 9 de diciembre representa la última instancia formal antes de 2026, con el gremio insistiendo en la reapertura salarial y derogación de descuentos para garantizar el inicio de clases en marzo. El gobierno no emitió respuestas públicas recientes, mientras el sindicato mantiene mesas de subcomisión para monitorear el cumplimiento de la cláusula gatillo en diciembre.