Consejera electa impulsa mayor control sobre jueces en el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz
María José Butterfield, representante electa de los trabajadores judiciales en Santa Cruz, propone ampliar las facultades del Consejo de la Magistratura para incluir la evaluación del desempeño judicial y la aplicación de sanciones.
La iniciativa busca reducir la discrecionalidad actual y promover una justicia más transparente en la provincia, donde asumirá su cargo el 10 de diciembre. El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, órgano colegiado integrado por representantes del Tribunal Superior de Justicia, abogados del foro y empleados judiciales, se encarga actualmente de la selección de magistrados mediante la revisión de antecedentes, exámenes teóricos y evaluaciones psicológicas. Posteriormente, eleva ternas al Poder Ejecutivo para la designación final. Bajo esta estructura, las sanciones disciplinarias recaen exclusivamente en el Tribunal Superior de Justicia, lo que genera concentraciones de poder y posibles influencias personales en los procesos.
Butterfield, quien resultó electa el 6 de noviembre junto a Víctor Martensen como representante de los abogados de la matrícula, argumenta que extender las competencias del Consejo a la supervisión continua de jueces y funcionarios fortalecería la objetividad en el sistema judicial. Entre las medidas específicas, destaca la implementación plena del anonimato en los concursos de oposición, ya impulsada por el estamento de trabajadores para minimizar sesgos en las evaluaciones. Además, sugiere reformas al reglamento interno que garanticen publicidad y criterios estandarizados en todas las etapas de selección y control.
Esta propuesta surge en un contexto de renovaciones en el Consejo, que a partir de diciembre contará con Fernando Basanta como presidente por el Tribunal Superior, junto a otros miembros como Reneé Fernández y representantes rotativos. Las elecciones recientes, organizadas por el Tribunal Electoral provincial, registraron una participación del padrón de empleados judiciales y abogados, consolidando la integración de voces sectoriales en el órgano.
Butterfield inicia consultas con otros consejeros para avanzar en un proyecto de ley que modifique la normativa vigente. El Tribunal Superior de Justicia mantiene abiertas las deliberaciones sobre posibles enmiendas, sin fecha definida para su presentación legislativa.
admin
Comentarios
Deja tu comentario