En noviembre de 2025, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, impulsa un proyecto de reforma laboral y sindical ante el Congreso, con vistas a su aprobación en diciembre.

Esta iniciativa surge en un contexto de estabilización macroeconómica incipiente y mayorías legislativas favorables, con el fin de fomentar la inversión y el empleo formal en un país que registra una inflación mensual del 2,3% en octubre.

La rigidez del marco laboral argentino, heredado de normativas de las décadas pasadas, ha contribuido a una informalidad que afecta al 45% de la fuerza laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta estructura limita la creación de puestos estables, y eleva los costos para las empresas, particularmente en sectores como la industria y los servicios. El proyecto actual, elaborado por el Ministerio de Desregulación bajo Federico Sturzenegger y el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, busca corregir estos desequilibrios sin alterar las indemnizaciones por despido, que se mantienen en un mes de sueldo por año trabajado. En su lugar, introduce salarios dinámicos vinculados a la productividad individual o al desempeño empresarial, permitiendo ajustes transitorios que no impacten el salario mínimo vital y móvil ni los convenios colectivos vigentes.

Además, la propuesta prioriza los acuerdos colectivos a nivel empresa o regional sobre los sectoriales amplios, invirtiendo la jerarquía actual establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. Esto delega mayor poder a comisiones internas en las firmas, facilitando negociaciones adaptadas a realidades locales y tecnológicas. Por ejemplo, las cláusulas normativas de los convenios —que regulan condiciones de trabajo— pervivirán hasta su reemplazo, mientras que las obligacionales, como aportes sindicales, caducarán al finalizar el acuerdo para incentivar revisiones periódicas. En el ámbito de las huelgas, se definen servicios esenciales con mínimos de cobertura: 75% en críticos y 50% en trascendentales, especialmente en transporte, alineándose con disposiciones de decretos previos como el 340/2025. Estas medidas responden a demandas de inversores extranjeros; la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destaca que cambios en el régimen laboral son clave para desbloquear capitales, en un escenario donde el Producto Bruto Interno crece un 3,2% interanual en el tercer trimestre.

El timing responde a factores económicos y políticos convergentes. La inflación, que alcanzó el 2,3% en octubre —la más alta en seis meses, pero aún por debajo de picos previos del 25% mensual en 2023—, refleja un enfriamiento general bajo la gestión de Luis Caputo, quien enfatiza que las reformas buscan formalizar la economía y generar empleo genuino. Paralelamente, el salario mínimo vital y móvil se ajusta a 302.600 pesos desde abril, acumulando una caída real del 31,4% desde noviembre de 2024 debido a la erosión inflacionaria, lo que presiona por mayor flexibilidad para alinear remuneraciones con resultados productivos. Políticamente, el triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre despeja el camino legislativo, permitiendo avanzar en una agenda que incluye también tributaria e impositiva. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó reuniones con senadores oficialistas para iniciar el debate en diciembre, fortaleciendo el diálogo con bloques afines.

No obstante, el rechazo sindical es inmediato. La Confederación General del Trabajo (CGT) califica el proyecto como un "avasallamiento de derechos" y advierte sobre quiebras gremiales si se limitan las cuotas solidarias —aportes obligatorios de no afiliados, que mueven miles de millones de pesos anuales— a solo los adherentes expresos. El Sindicato de Obreros de la Industria Aceitera, en su 74° Congreso Nacional los días 11 y 12 de noviembre en Buenos Aires, debate salarios, democracia sindical y el impacto de estas propuestas, reflejando tensiones en bases obreras. Críticas en redes sociales, como las de economistas y dirigentes, vinculan la reforma a una precarización general, aunque el Gobierno insiste en que no toca indemnizaciones ni derechos básicos. A diferencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que puede ser declarado inconstitucional por la Justicia sin necesidad de referéndum, una ley aprobada por el Congreso ofrece mayor estabilidad, requiriendo mayorías para su derogación.

El proyecto, negociado desde junio con gobernadores, empresarios y sectores sindicales. Las consultas en el Congreso inician la próxima semana, con audiencias públicas programadas para evaluar su viabilidad en un mercado laboral que registró 12,5 millones de ocupados en el segundo trimestre.