La medida, presentada en octubre por el Ministerio de Economía, asigna hasta el 9% de la recaudación a la Nación y el resto a las 24 jurisdicciones, con el fin de fomentar la competencia impositiva y atraer capitales productivos.

La propuesta surge en un contexto de simplificación fiscal. Actualmente, las empresas enfrentan múltiples gravámenes sobre una misma operación: el IVA nacional al 21%, el impuesto sobre Ingresos Brutos con alícuotas variables entre 1% y 5% según la provincia, y contribuciones municipales que suman hasta tres pagos mensuales. Esta fragmentación genera costos administrativos elevados; una pyme argentina destina más de 1.000 horas anuales a trámites tributarios, según estimaciones de centros de estudios. El súper IVA unificaría estos tributos en una sola alícuota, cobrada en cascada pero con distribución directa a cada jurisdicción.

El esquema permite que las provincias definan su porción de la alícuota —por ejemplo, 10% en lugar del 12% nacional actual— para reducir la carga fiscal y captar inversiones. En países como Brasil, reformas similares han impulsado la unificación de impuestos sobre ventas, con resultados en mayor liquidez empresarial. En Argentina, la medida se integra a la baja gradual del Impuesto a las Ganancias, anunciada para 2025, y la eliminación de retenciones a exportaciones industriales, que benefició al 40% de las firmas exportadoras en mayo pasado. Datos de la AFIP indican que la recaudación por IVA creció un 15% interanual en el tercer trimestre de 2025, pese a la caída en consumo por inflación, lo que sugiere potencial para redistribuir sin perjuicio inicial para la Nación.

Sin embargo, el impacto varía por región. Provincias con alta actividad económica, como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrarían incrementos en ingresos del 18,7% y 23,4%, respectivamente, al absorber volúmenes mayores de transacciones. En contraste, jurisdicciones con menor densidad comercial, como Santa Cruz, enfrentarían una reducción promedio del 6% en recaudación total, según simulaciones de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Esta disparidad genera tensiones; gobernadores de provincias patagónicas, incluyendo Santa Cruz, expresaron reservas en reuniones de octubre, argumentando riesgos de desfinanciamiento para servicios públicos. La contadora Elisabet Piacentini, tributarista consultada por medios, destaca que la competencia podría equilibrarse si las provincias con tasas bajas atraen industrias extractivas, clave para Santa Cruz con su foco en hidrocarburos y minería.

Además, la reforma aborda distorsiones históricas. El impuesto al cheque, criticado por su efecto en transacciones financieras, se eliminaría parcialmente, liberando unos 2 billones de pesos anuales en liquidez para el sector privado. Proyecciones del Ministerio de Economía estiman que, una vez implementado en 2026, el súper IVA reduciría la evasión en un 10% al simplificar declaraciones, beneficiando a municipios sureños dependientes de coparticipación.

Las consultas con el Consejo Federal de la Función Pública avanzan, con vistas a un proyecto de ley para las sesiones ordinarias de diciembre de 2025. Mientras, provincias como Santa Cruz evalúan incentivos locales para mitigar pérdidas iniciales, en un esquema que prioriza la atracción de inversiones foráneas estimadas en 5.000 millones de dólares para el próximo bienio.