Dos listas compiten ante la Junta Electoral Permanente: la Lista 1, liderada por Dheisy Cantón, abogada con 14 años en la institución, y la Lista 2, encabezada por el vocal saliente Cristian Sánchez. La oficialización de candidaturas se concretó el 10 de noviembre, con padrones disponibles en línea por DNI, cubriendo mesas en toda la provincia y una en Buenos Aires.

Cantón, quien se desempeña como asesora letrada de la Caja, ha participado en la defensa pública de dos disposiciones cuestionadas por el sector pasivo. El Decreto 608/2024, emitido en junio de ese año, obligaba a los afiliados a jubilarse en 30 días tras notificación, con el objetivo de reducir la masa salarial activa. Esta medida generó reclamos por presunta violación de derechos, al presionar transiciones forzadas sin equidad, especialmente para grupos vulnerables. El Tribunal Superior de Justicia la suspendió en octubre mediante cautelar, pendiente de nulidad definitiva. Vinculan a Cantón, acusándola de respaldar la medida para avanzar en su carrera dentro del ámbito provincial.

Por su parte, la Resolución 307/2024, aprobada en septiembre como Acuerdo 2700, limita la movilidad de haberes al excluir adicionales no incorporados al básico de los incrementos para pasivos. La Caja argumenta que preserva la actualización general conforme a la Ley 1782, pero sindicatos y asociaciones de jubilados la interpretan como recorte al poder adquisitivo en medio de la inflación. Cantón intervino en conferencias de prensa para aclarar su alcance, enfatizando la continuidad de la movilidad, aunque la norma persiste como foco de impugnaciones judiciales. Su trayectoria previa en la Procuración del Tesoro nacional, el Consejo de la Magistratura y la dirección de políticas de género municipal demuestra su alineación con el Ejecutivo provincial.

Sánchez, en contraste, aboga por mantener el equilibrio paritario del directorio sin alteraciones abruptas. Su plataforma resalta la inclusión sostenida de activos en decisiones operativas, sin referencias directas a las normativas en disputa. Ambas candidaturas promueven la digitalización de trámites, pero difieren en el énfasis: Cantón prioriza agilizaciones técnicas para financiadores actuales, mientras Sánchez defiende la estabilidad para beneficiarios futuros.

En la elección de 2021, solo 4.000 de unos 20.000 afiliados activos votaron, un 20% aproximado, según datos institucionales. Esta baja concurrencia cuestiona la representatividad en un sistema solidario que cubre jubilaciones y pensiones para empleados públicos. La Caja administra prestaciones bajo un directorio mixto, donde vocales activos influyen en equilibrios actuariales ante el envejecimiento poblacional, que eleva la ratio de pasivos a aportantes.

La boleta única facilita el escrutinio, alineada a prácticas electorales actualizadas. No se registran irregularidades en padrones hasta noviembre, conforme al portal oficial.

El régimen provincial, regido por la Ley 1782, enfrenta ajustes fiscales que tensionan la paridad entre sectores. La resolución de esta elección configurará el directorio hasta 2029, período para normativas sobre sostenibilidad.

En el contexto histórico de la Caja de Previsión Social, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), afiliado a la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales (FESOEM), ha integrado frentes comunes con gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Judiciales para preservar su carácter provincial. Estas alianzas, evidentes en reuniones de abril de 2024, rechazaron unánimemente propuestas de reforma legislativa que amenazaban con transferir competencias al sistema nacional, argumentando la protección de derechos adquiridos y la sostenibilidad del modelo solidario local. Tal resistencia evitó intervenciones externas, consolidando la CPS como pilar de la seguridad social santacruceña desde la crisis de 2011.