Empresas estadounidenses con operaciones en Argentina, principalmente en minería, hidrocarburos y agroindustria, identifican obstáculos legales que frenan su expansión. Tras el reciente triunfo electoral de Milei en las legislativas, que consolidó un 38% de apoyo en distritos clave como Buenos Aires, el Congreso inicia un nuevo ciclo de reformas. Este contexto facilita la normalización del clima de negocios, afectado por décadas de inestabilidad. Según datos de AmCham, el consumo masivo opera al 56,65% de capacidad instalada, lo que limita nuevas líneas productivas sin incentivos claros.

Las demandas se centran en seis iniciativas legislativas, programadas para ingresar en las próximas semanas durante sesiones extraordinarias. La reforma de la ley de glaciares genera incertidumbre en áreas periglaciares, deteniendo exploraciones mineras pese a que algunas firmas ya ingresaron al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Además, se requiere modificar la inocuidad fiscal para agilizar importaciones de insumos y reformar el Código Penal para fortalecer la protección de activos. Otras prioridades incluyen el presupuesto nacional 2026, una reforma laboral que flexibilice contrataciones y una tributaria que reduzca cargas sobre exportaciones. Estas medidas buscan remover trabas en servicios mineros, donde Estados Unidos lidera con 1.054 empresas frente a sólo seis locales.

El potencial económico es significativo. Proyecciones indican que Argentina podría elevar sus exportaciones a 128.000 millones de dólares anuales desde 2033, si se eliminan regulaciones en Vaca Muerta y licitaciones pendientes como rutas y la Hidrovía. El riesgo país, superior a las limitaciones cambiarias liberadas el 1 de enero de 2025, representa el principal freno para los inversionistas. En paralelo, el gobierno negocia con Washington la eliminación del 10% de aranceles sobre productos estadounidenses, junto a un cupo exento para acero y aluminio similar al de 2018, bajo la sección 232 por seguridad nacional. El swap financiero por 20.000 millones de dólares con EE.UU., confirmado recientemente, se destina a intervenciones cambiarias y pagos al FMI, sin vínculo directo con el comercio.

Adicionalmente, el interés de la administración Trump abarca recursos críticos como el litio y uranio, donde busca priorizar inversiones estadounidenses sobre competidores como China. Funcionarios de ambos países condicionan asistencia financiera a acuerdos que favorezcan a firmas locales en minerales estratégicos. En foros como el American Business Forum de Miami, Milei extendió invitaciones directas a empresarios para proyectos en energía y minería.

El período de transición prevé dos años para implementar estas reformas, con remoción de barreras en los próximos seis meses. AmCham estima que el avance en glaciares y servicios podría desbloquear compromisos inmediatos en oil & gas. Las negociaciones arancelarias continúan, con posibles anuncios en el corto plazo, mientras el Congreso evalúa el ingreso de los proyectos.