Esta estrategia busca consolidar el control fiscal y modernizar el marco normativo tras las elecciones legislativas de octubre, en un contexto de negociaciones con opositores y gobernadores.

El gobierno divide el debate en etapas para optimizar el apoyo parlamentario. La primera fase, en diciembre, prioriza el Presupuesto 2026 —presentado en septiembre mediante cadena nacional— y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que eleva umbrales para investigaciones por fraude tributario y reduce plazos de prescripción. La segunda etapa, prevista para febrero de 2026, abordará reformas de "segunda generación", como actualizaciones al Código Penal. Esta hoja de ruta responde a la necesidad de legislar sin dilaciones, ya que el Presupuesto actual expira a fin de año y otorga discrecionalidad en partidas para áreas como educación, salud y jubilaciones.

En el ámbito laboral, el proyecto de reforma —con cerca de 100 artículos— actualiza una legislación de más de 50 años y se centra en limitar las "cuotas solidarias", descuentos compulsivos a trabajadores no afiliados que financian sindicatos. Grandes gremios como Camioneros recaudan unos 206.500 millones de pesos anuales mediante este mecanismo, equivalentes a 845.000 pesos por afiliado, mientras que Comercio supera el billón de pesos. La propuesta prohíbe estos aportes sin consentimiento expreso, alineándose con fallos judiciales que suspendieron decretos previos como el DNU 70. Además, introduce salario dinámico por mérito o condiciones económicas, banco de horas para flexibilidad semanal (hasta 12 horas diarias con compensaciones), y fraccionamiento de vacaciones en bloques mínimos de siete días. Los convenios por empresa prevalecerán sobre los sectoriales, fortaleciendo comisiones internas.

Los objetivos declarados incluyen reducir litigios laborales, fomentar la formalización en sectores emergentes como plataformas digitales y equilibrar protecciones para empleados con estabilidad para empleadores, incentivando inversiones vía pymes. Negociaciones tripartitas, iniciadas en junio con empresarios y la CGT, involucran a funcionarios como Federico Sturzenegger (Desregulación) y Julio Cordero (Trabajo). Gobernadores de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy apoyan la discusión, condicionados a una modernización uniforme.

El Presupuesto 2026 enfatiza el equilibrio fiscal "no negociable", no emitir deuda en mercados internacionales y priorizar la capitalización de bonos para ocultar déficits temporales, incrementando pasivos en 3,8 puntos del PBI. Incluye un Plan de Reparación de Ahorros para exteriorizar fondos no declarados sin penalidades, parte de un esquema de desregulación tributaria y financiera. La oposición, con bloques como el peronismo reducido a 28 senadores, presiona por un cronograma acelerado de dictamen en noviembre, aunque el oficialismo dilata para incorporar nuevos legisladores electos. En Diputados, La Libertad Avanza suma 88 votos con el PRO, mientras en el Senado, Patricia Bullrich coordina con 20 libertarios y aliados.

Reacciones sindicales destacan tensiones: la CGT, recién reestructurada con bajo recambio, advierte contra "negociaciones a ciegas" y defiende las cuotas como financiamiento esencial, con líderes como Armando Cavalieri alertando sobre quiebras gremiales. Proyectos paralelos en el Congreso, como límites a mandatos sindicales o reducción de jornada a 36 horas, permanecen frenados, sumando 20 iniciativas pendientes.

Las coordinaciones continúan: Eduardo Menem y Martín Menem lideran en la Casa Rosada alianzas con UCR y Provincias Unidas, mientras Diego Santilli inicia giras con gobernadores para destrabar temas como la coparticipación. El debate en diciembre definirá avances, con el oficialismo aspirando a una Ley Bases 2 para desregulaciones adicionales. Las consultas con bloques opositores persisten hasta el cierre de la convocatoria.