La Asociación de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (APROSA) ejecutó una medida de fuerza que abarca los días 4, 5 y 6 de noviembre. El gremio, que representa a médicos y otros especialistas del sector, busca una recomposición inmediata de haberes. En concreto, exige elevar la unidad retributiva de 1.920,52 pesos a 3.000 pesos, valor que considera insuficiente para compensar la inflación acumulada y el desgaste laboral. Además, reclama mayor provisión de insumos en hospitales y centros de atención, elementos que han mermado la operatividad diaria. La decisión surgió tras la interrupción de la paritaria del 29 de octubre, cuando el Ejecutivo solicitó un receso que el sindicato interpretó como dilación en las tratativas.

El impacto en los servicios sanitarios se limita a guardias mínimas y urgencias, según el esquema habitual en estas acciones. Las consultas programadas y procedimientos electivos se posponen, lo que genera demoras en la atención de pacientes no críticos.

En el Hospital Provincial de Río Gallegos, se registraron suspensiones parciales en turnos ambulatorios, aunque las emergencias mantuvieron su flujo. Datos del Ministerio de Salud provincial indican que, en paros anteriores, estas interrupciones afectaron a cerca del 40% de las atenciones no urgentes, un porcentaje que podría repetirse en esta ocasión.

Paralelamente, ADOSAC dispuso un paro provincial de 48 horas para el miércoles 5 y el viernes 7 de noviembre. Esta medida, aprobada en congreso gremial, se suma a un calendario extenso de interrupciones: en lo transcurrido de 2025, el gremio acumula 33 días de huelga, distribuidos en acciones previas como la de 72 horas entre el 14 y 16 de octubre. Los reclamos centran en una actualización salarial que equipare los ingresos a la canasta básica familiar. ADOSAC también denuncia deficiencias en infraestructura escolar y recortes en puestos docentes, agravados por la ausencia de ofertas concretas del gobierno.

En el ámbito educativo, el paro implica la suspensión de clases en todos los niveles, desde inicial hasta superior, afectando a unos 50.000 alumnos en la provincia, de acuerdo con cifras del Consejo Provincial de Educación. Las escuelas rurales, que representan el 60% de los establecimientos, enfrentan mayores dificultades para recuperar contenidos, ya que el transporte y la conectividad limitan opciones alternativas.

Tanto en salud como en educación, el gobierno provincial aplica la política de descontar los días no trabajados. En el caso docente, la vicepresidente del Consejo de Educación, Esther Pucheta, ratificó en marzo de 2025 que "día no trabajado será día no pagado", norma que se extendió a las medidas recientes. Para septiembre, se acordó la devolución de descuentos en algunos casos, pero la práctica general persiste como herramienta para desincentivar prolongadas interrupciones. En el sector salud, la situación difiere ligeramente: el Ministerio de Salud, a través de la ministra Lorena Ross, aclaró el 1 de octubre que no se aplicarán deducciones a trabajadores suspendidos por adhesión a paros previos, medida que busca mitigar tensiones acumuladas. No obstante, en acciones de octubre, al menos 15 profesionales enfrentaron suspensiones temporales por participación en huelgas.

El Ejecutivo atribuye las demoras en paritarias a la coyuntura económica, con un presupuesto provincial ajustado por recortes nacionales y una caída en ingresos por regalías hidrocarburíferas del 15% interanual, según datos del Ministerio de Economía de Santa Cruz. En la última ronda de negociaciones con APROSA, las autoridades expusieron la "situación crítica" como límite para concesiones inmediatas, priorizando el equilibrio fiscal. Similar argumento se esgrimió ante ADOSAC, donde se propuso un esquema de recuperación gradual para 2026, rechazado por el gremio.

Estas movilizaciones coinciden en el tiempo, lo que amplifica su visibilidad y presión sobre las autoridades. Mientras el paro de APROSA concluye el 6 de noviembre, el de ADOSAC deja el jueves 6 como jornada lectiva única en la semana, acentuando el desfasaje en la continuidad de servicios públicos esenciales. Fuentes gremiales anticipan posibles escalas si no median avances en mesas técnicas programadas para la próxima semana.