La ordenanza, aprobada el 21 de octubre de 2025 por el Concejo Deliberante, busca abordar la situación financiera del municipio, mediante medidas como la reducción de la jornada laboral en áreas no esenciales y la creación de una mesa de seguimiento con participación de concejales, Ejecutivo y gremios. Estos instrumentos responden a un contexto de inflación acumulada del 19,5% hasta agosto de 2025 y un promedio salarial municipal de 400.000 pesos, el umbral de indigencia.

Bórquez justificó el veto al artículo 4°, que propone acortar la jornada a cuatro horas diarias en sectores no críticos, al afirmar que generaría mayores costos por horas extras necesarias para sostener las operaciones. El municipio ya implementó una reducción a cinco horas el 20 de marzo de 2025, junto con una reorganización interna que, según el Ejecutivo, optimizó recursos sin comprometer servicios esenciales. Respecto al artículo 5°, que convoca una mesa de diálogo, el intendente lo descartó por redundante, ya que existe una Mesa Laboral y Salarial activa este año, integrada por el Ejecutivo municipal, el Ministerio de Trabajo provincial, empleados y sindicatos como ATE y SOEM.

En su decreto, Bórquez atribuyó la presión presupuestaria a la gestión anterior, que cerró 2023 con el 50% de salarios pendientes de pago y recategorizaciones masivas sin planificación, en un escenario de inflación del 211%. Datos del Instituto de Estadística y Censos provinciales indican que el 91% de los hogares locales acumula deudas, con la mitad destinando entre el 40% y 60% de sus ingresos a pagos financieros. Al inicio de la actual administración, la coparticipación provincial superaba en un 40% los requerimientos salariales, y se duplicó en meses posteriores con superávits, según registros contables del primer cuatrimestre de 2024.

Desde la oposición, el concejal Rodrigo Ramallo cuestionó la narrativa del Ejecutivo y enfatizó la gravedad de la realidad laboral. Argumentó que la coparticipación inicial no solo cubría haberes, sino que generaba excedentes, y que el actual desbalance responde a incorporaciones de personal recientes. Ramallo destacó el cierre del Centro de Desarrollo Infantil Municipal (CEDIM) por daños en el techo causados por vientos fuertes, sin reparaciones a la fecha, obliga a trabajadores a costear cuidados infantiles con sus ingresos. Propuso una reducción adicional de una hora en la jornada para facilitar actividades complementarias o tiempo familiar, y expresó preocupación por el pago del aguinaldo, que muchos ven como un medio para saldar deudas en lugar de un beneficio estacional.

El gobernador Claudio Vidal, en declaraciones recientes, subrayó que la coparticipación debe bastar para todos los niveles administrativos, lo que contrasta con las quejas actuales del municipio sobre insuficiencia de fondos. Esta discrepancia ilustra las dificultades para alinear recursos provinciales con demandas locales en un marco de ajuste económico nacional. El veto, que requiere dos tercios de votos en el Concejo para ser levantado, podría derivar en sesiones adicionales para resolver el impasse, mientras persisten los reclamos por mejoras salariales y operativas.

La situación refleja desafíos estructurales en la gestión municipal, donde medidas de contención chocan con limitaciones presupuestarias heredadas y coyunturales. Hay anuncios de transferencias extraordinarias inmediatas para Puerto Santa Cruz, aunque proyectos como la construcción de un polideportivo y reparaciones en el hospital avanzan con fondos del IDUV. El debate resalta la necesidad de mecanismos de coordinación más fluidos entre poderes locales para mitigar impactos en servicios y empleo.