La sesión, realizada en Río Gallegos, concluyó con un voto secreto de los doce legisladores; el fallo se anunciará mañana sábado 15 de noviembre a las 09:00 en audiencia pública. La acusación contra Basanta, presentada en octubre por el abogado Sergio Macagno, sostiene que asumió el cargo en 2023 sin cumplir los diez años de ejercicio profesional en la abogacía exigidos por la Constitución provincial.

El expediente oficial, tramitado bajo el número 40531-25, detalla esta objeción como base para evaluar causales de remoción. El 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la suspensión provisional del vocal, con percepción del 50% de su dieta durante el proceso.

En su alegato de esta tarde, Basanta invocó el artículo 138 de la Constitución de Santa Cruz, que limita las causales de destitución a cuatro supuestos taxativos: incapacidad sobreviniente, delitos en funciones, incumplimiento de deberes e infracciones comunes. Descartó cada uno: negó incapacidades físicas más allá de un "tic nervioso por estrés", ausente de denuncias penales vigentes —una previa fue desestimada por la Justicia— y enfatizó su cumplimiento ético bajo la Ley 3325 de Ética Pública. Además, validó su designación como un proceso tripartito entre poderes del Estado, sin vicios formales.

Basanta resaltó su trayectoria: meritorio en juzgados federales de Buenos Aires, director en Lotería Nacional, impulsor del Código Procesal Penal federal, autor del Digesto Jurídico argentino, ministro de Gobierno provincial durante cuatro años —donde impulsó la Ley de Seguridad Pública por unanimidad— y fiscal de primera instancia sin reclamos. Emitió 282 sentencias como vocal del TSJ. 

Cuestionó la legitimidad de Macagno, a quien acusó de percibir "más de un sueldo de distintas reparticiones públicas" y de actuar desde un "lugar oscuro", calificándolo de "burdo" por omitir plazos en denuncias previas. "Jamás me cagué en un solo habitante de esta provincia", declaró, pidiendo a los diputados actuar con lealtad institucional.

El procedimiento, regulado por la Ley 3.520 de Juicios Políticos, avanzó con la Comisión Instructora presentando su informe el 3 de noviembre, seguido de la jura de la Sala Juzgadora. Legisladores como Daniel Peralta (Unión por la Patria) y Adriana Nieto subrayaron el rol democrático del mecanismo para normalizar el Poder Judicial, paralizado por cautelares y disputas internas. Tres vocales del TSJ intimaron recientemente al presidente Jorge Mariani a renunciar, notificando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Macagno, tras la exposición, reiteró la solidez de su denuncia, enfocada en la ilegitimidad de la designación que podría invalidar fallos emitidos por Basanta. Su defensa solicitó el archivo por nulidad e improcedencia, advirtiendo riesgos para la estabilidad judicial.

El veredicto, presidido por el vicegobernador Fabián Leguizamón, definirá si Basanta enfrenta destitución o absolución, con apelación posible ante el TSJ. La Cámara de Diputados publicará el texto completo post-sesión, marcando un hito en la independencia judicial santacruceña.