El 30 de octubre de 2025, se conoció el Decreto 216, fechado el 15 de julio, que establece incrementos sobre la suma del básico y antigüedad para posiciones jerárquicas. Este instrumento prevé un alza del 100% para la intendente, el 70% para el secretario de Gobierno y del 60% para asesores, aplicable solo a funcionarios y no a personal de planta. La medida permaneció sin difusión oficial, lo que intensificó el debate público en un municipio con restricciones financieras.

Neira argumentó que la modificación corresponde al ítem 019 del módulo 8 del básico, ya incorporado por dos gestiones anteriores. Según su versión, el cambio generó un agregado de 100.000 a 102.000 pesos en su remuneración total, que asciende a 1.800.000 pesos mensuales. El decreto se elaboró entre junio y julio, pero su liquidación ocurrió en septiembre y el pago en octubre, debido a un retraso administrativo.

En contraste, los trabajadores municipales recibieron un incremento del 15%, distribuido en 5% retroactivo a septiembre y 10% para noviembre. Los gremios optaron por un monto no remunerativo, en lugar de integrarlo al básico, para preservar aportes previsionales. Este ajuste se materializó tras meses de protestas por demoras en pagos y falta de paritarias, en un escenario donde el salario promedio en municipios santacruceños no supera los 680.000 pesos.

La discrepancia entre los incrementos para las jerarquías y el resto del personal municipal. Mientras los empleados de planta enfrentan erosión del poder adquisitivo por inflación, los cargos ejecutivos acceden a actualizaciones selectivas. Datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos confirman que, en septiembre de 2025, el haber promedio para jubilados municipales en la provincia ronda los 700.000 pesos, inferior al mínimo de la Caja de Previsión.

El episodio del Decreto 216 subraya tensiones presupuestarias recurrentes. La municipalidad solicitó avances de coparticipación para cubrir deudas, incluyendo juicios laborales pendientes. Neira atribuyó la visibilidad del documento a acciones opositoras destinadas a amplificar el descontento comunitario, sin que se registren avances en auditorías independientes hasta la fecha.

El acuerdo paritario reciente, anunciado el 6 de noviembre, incorpora recortes de gastos y apoyo provincial para estabilizar haberes, aunque persisten demandas por equidad en futuras negociaciones.