El Decreto N° 6861, firmado por Grasso junto a Gonzalo Darío Chute y Diego Leonardo Robles, responde a un deterioro financiero derivado de factores macroeconómicos. Los ingresos nacionales y provinciales registran una reducción del 10,4% en términos reales respecto a 2023, según los considerandos del documento oficial. Las regalías por gas y petróleo también disminuyen por la baja en la producción, en un contexto de inflación cercana al 25% y acuerdos salariales que alcanzaron el 29,4%.

Además, la medida aborda el estancamiento en la coparticipación federal y los incrementos salariales, previstos en paritarias, que amenazan el equilibrio presupuestario. El municipio enfrenta desafíos similares a los observados en otras jurisdicciones patagónicas, donde la dependencia de recursos extractivos agrava las tensiones fiscales. En este marco, el decreto prioriza la optimización de recursos para sostener servicios esenciales.

Las disposiciones incluyen el congelamiento de la planta de personal durante el período de emergencia y la suspensión de nuevos ingresos, salvo autorizaciones excepcionales del intendente. El artículo 4° ordena una revisión integral de las estructuras orgánicas, con facultades para reorganizar o suprimir cargos de conducción y elevar la eficiencia operativa. Estas acciones se alinean con el control estricto de gastos, en contraste con anuncios recientes de eventos culturales como el Festival del 140° Aniversario, programado para diciembre con artistas nacionales.

El documento invita al Honorable Concejo Deliberante a adherir a las medidas y requiere refrenda de las secretarías involucradas. Hasta el momento, no se reportan respuestas formales del cuerpo legislativo, aunque la adhesión podría definirse en próximas sesiones. La emergencia abarca control presupuestario continuo hasta su vencimiento en 2026.