La familia acordó abandonar el predio antes del 21 de noviembre de 2025, con auxilio policial si fuera necesario. La medida resuelve una causa penal iniciada hace más de un año por denuncia de Francisco Santamaría, responsable de la delegación de SPSE en El Chaltén. El terreno alberga cañerías principales y una válvula de presión enterradas, esenciales para el suministro de agua en la localidad. La ocupación impedía el acceso y mantenimiento de esa infraestructura.

El expediente, identificado con el número 24908, avanzó tras notificaciones informales y formales ignoradas por los ocupantes. La familia instaló una vivienda sobre el predio fiscal, lo que configuró el delito de usurpación. El padre figura como imputado en la investigación.

Además, el Grupo de Negociaciones de la Policía de Santa Cruz intervino mediante videollamada y logró un acuerdo voluntario de desocupación. La Comisaría de El Chaltén ejecutará la orden, con apoyo de fuerzas especiales desde Río Gallegos en caso de resistencia. El secretario judicial Rodrigo Risatto participó en la resolución.

El municipio de El Chaltén brindará asistencia temporal a la familia hasta que obtenga una vivienda propia. La Justicia coordinará permisos para retirar bienes personales y demoler la construcción instalada, a fin de dejar el terreno libre.

La Secretaría de Niñez y Adolescencia fue notificada por la presencia de un menor en el núcleo familiar. El procedimiento prioriza el cumplimiento pacífico, aunque contempla el uso de la fuerza pública como último recurso.

El caso se enmarca en conflictos por ocupaciones irregulares en zonas de servicios públicos en El Chaltén, donde el crecimiento poblacional genera presiones sobre terrenos fiscales. SPSE mantiene la titularidad del predio para garantizar el funcionamiento del sistema de agua potable.

Hasta el momento, la desocupación avanza sin incidentes reportados. La causa permanece abierta en el Juzgado de Instrucción de El Calafate para eventuales actuaciones complementarias.