Álvarez Agís, exviceministro de Economía, presentó la iniciativa en entrevistas recientes para abordar la informalidad económica. El mecanismo grava extracciones en cajeros automáticos con una alícuota de hasta el 10%, de modo que un retiro de 1.000 pesos entrega 900 pesos netos al usuario. Esta carga se extiende a pagos en efectivo en comercios, donde el consumidor final asume el costo para incentivar transacciones digitales. La propuesta incluye la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, con reducciones tributarias para pymes, y mantiene neutralidad fiscal al compensar la recaudación perdida.

Milei respondió en su cuenta de X con una crítica directa: "KIRCHNERISTA = LADRÓN", al calificar la idea como un intento de apropiarse del 10% de los ingresos destinados al consumo. El presidente argumentó que tales medidas priorizan la recaudación sobre la reducción del gasto público, en contraste con su agenda de simplificación tributaria. Además, la reacción amplificó el debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su impacto en sectores de bajos ingresos con limitado acceso a la bancarización.

Álvarez Agís defendió el diseño en declaraciones posteriores, al enfatizar que transfiere la presión de formalización al consumidor: "El comprador exige pagos electrónicos, lo que obliga al comercio informal a registrarse". Según datos del Banco Central, el 40% de las transacciones en Argentina aún se realizan en efectivo, lo que agrava la evasión fiscal estimada en 4% del PBI. La medida se inspira en experiencias internacionales que priorizan incentivos al demandante sobre al proveedor, sin elevar la presión impositiva global.

En redes, publicaciones recientes replicaron el intercambio, enfatizando la polarización entre formalidad y libertad económica. La propuesta no ingresó al Congreso, pero consultas entre economistas continúan sobre alternativas para reducir la informalidad sin nuevos gravámenes indirectos.