El expediente 6137-D-2025, presentado en la Cámara de Diputados, introduce el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad. Esta iniciativa modifica la Ley 26.548 y la Ley 17.671 para crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un Consejo Federal que coordine acciones entre fuerzas policiales, ministerios y entidades provinciales. El registro clasificará como "desaparecida" a cualquier individuo reportado ausente desde el momento de la denuncia, eliminando demoras administrativas que actualmente oscilan en 72 horas.

En la práctica actual, las denuncias de extravío enfrentan obstáculos burocráticos que retrasan la activación de recursos. Familias afectadas reportan que, tras un período inicial, las investigaciones pierden intensidad, lo que prolonga la angustia y reduce las probabilidades de éxito. El proyecto contrarresta esto al obligar a las fuerzas de seguridad a notificar al SIFEBU en el mismo día de la recepción de la denuncia, con sanciones por incumplimiento. Además, integra una Base Nacional de Datos Genéticos para facilitar identificaciones mediante muestras biológicas, alineada con estándares internacionales de derechos humanos.

Datos del Ministerio de Seguridad indican que, en el primer semestre de 2025, se procesaron más de 2.800 casos en una jurisdicción provincial, con un 87% de resoluciones. A nivel nacional, las cifras anuales superan las 3.000 denuncias relacionadas con menores, destacando la necesidad de un marco unificado. El SIFEBU promoverá capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos, incorporando personal especializado en psicología, antropología y forense para abordar patrones de vulnerabilidad.

En la provincia de Santa Cruz, la Policía emitió un alerta urgente para localizar a Jesús Silva Sáez, un joven de 17 años desaparecido en Caleta Olivia. El adolescente, de contextura delgada, fue visto por última vez con una campera rompevientos color bordo, pantalón deportivo y zapatillas crema.

Durante 2025, Santa Cruz acumuló al menos 13 casos activos de personas extraviadas, según el Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX). En septiembre, se sumó la desaparición de Milagros Arroyo, de 16 años, en Río Gallegos, mientras que casos prolongados como el de Marcela López Frey persisten sin resolución, lo que genera inquietud entre familiares y organismos provinciales.

La propuesta fomenta la adhesión de provincias y municipios, junto con la colaboración de organizaciones no gubernamentales, para intercambiar información y elaborar planes estratégicos. Esto podría optimizar el intercambio de datos entre jurisdicciones, reduciendo duplicidades y acelerando respuestas. La reglamentación se prevé en 180 días tras su aprobación, con vigencia inmediata al publicarse en el Boletín Oficial.

Este enfoque integral busca fortalecer la respuesta estatal ante un fenómeno que afecta a miles de familias anualmente, priorizando la eficiencia y la exhaustividad en las operaciones de búsqueda.