La iniciativa, remitida a la Legislatura con demora respecto al plazo constitucional, prioriza gastos corrientes en personal y previsión social, en un contexto de restricciones fiscales nacionales y locales.

El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 alcanza un gasto total de 3.244.867.563.642 pesos, frente a ingresos proyectados de 2.905.047.115.420 pesos. Esta brecha, que representa el mayor déficit en años recientes, surge de un aumento en los gastos corrientes de 3.184.622.604.132 pesos, mientras que las inversiones de capital se limitan a 60.244.959.510 pesos. Los ingresos corrientes ascienden a 2.893.295.965.127 pesos, con un crecimiento nominal del 20,4% respecto a 2025, impulsado por regalías hidrocarburíferas y mineras que totalizan 496.161 millones de pesos.

Entre los rubros principales, los servicios sociales absorben 2.160.345.187.254 pesos, con énfasis en el gasto en personal, que pasa de 1.086.334,8 millones de pesos en 2025 a 1.429.263,3 millones en 2026, un incremento del 31,5%. Este rubro, que consume el 76,8% de los recursos de libre disponibilidad, refleja ajustes salariales de años previos y una estructura estatal sin reducciones significativas. El gasto previsional, destinado a jubilaciones y pensiones, registra un alza del 49%, de 524.952 millones a 782.287,5 millones de pesos, para cubrir a 23.901 beneficiarios. La Caja de Previsión Social enfrenta un desbalance de 151.230 millones de pesos, financiado por el Tesoro provincial, agravado por deudas de municipios y regímenes especiales no alineados con la Nación.

Además, el presupuesto autoriza un endeudamiento de hasta 356.812 millones de pesos, equivalente al 12,3% de los recursos corrientes, por debajo del límite del 15% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este financiamiento se destina exclusivamente a gastos operativos, sin asignaciones para obra pública, en un escenario donde las regalías petroleras proyectan una caída del 15% en dólares, a 180,3 millones de dólares. El ministro de Economía, Santiago Aberastain, atribuye el déficit a variables nacionales adversas, como la caída en la actividad económica y la sobrevaluación del peso, que impactan los últimos dos años. La provincia cubre además déficits en los sistemas de seguridad social y salud derivados de aportes municipales no abonados, para garantizar la continuidad de servicios esenciales.

La distribución de fondos a los 16 municipios y comisiones de fomento se enmarca en una coparticipación total de 265.890 millones de pesos, con un crecimiento del 19,2% nominal. La coparticipación secundaria alcanza 102.757 millones de pesos, un 21% más que en 2025. Para abordar inequidades históricas en este mecanismo, vigente hace más de 30 años, el proyecto oficialista incorpora la creación de un Índice de Desarrollo Municipal (IDM). Este índice evalúa el desarrollo en cuatro dimensiones: social (35% de ponderación, con variables como necesidades básicas insatisfechas y cobertura de salud y educación), económica (30%, incluyendo empleo y recaudación propia), territorial e infraestructura (20%, como estado de rutas y costos logísticos) y demográfica (15%, población y densidad). El cálculo anual inicia en junio de 2026, con publicación en agosto, y clasifica entidades en niveles de desarrollo para priorizar transferencias a las de menor índice.

El IDM se basa en un censo municipal bienal, obligatorio desde 2026 y validado por el Observatorio Provincial de Desarrollo Municipal. Municipios que omitan datos reciben puntajes mínimos en indicadores afectados. Esta herramienta no distribuye fondos de inmediato, sino que prepara una ley futura de coparticipación secundaria más equitativa, corrigiendo penalizaciones a entidades pequeñas por fórmulas desactualizadas.

La oposición, liderada por la diputada Agostina Mora de Unión Por la Patria, cuestiona el proyecto por su presentación tardía, posterior al 31 de agosto requerido por la Constitución provincial, y por un endeudamiento adicional de 350.000 millones de pesos más 100.000 millones en letras, sin impacto en infraestructura. Mora destaca un cierre de 2025 con déficit de más de 350 millones de pesos, frente al superávit de 43.000 millones en 2024, y critica decisiones provinciales como el adelanto de una deuda de 23.000 millones de pesos, que generó iliquidez. Según datos oficiales, el déficit de 2026 multiplica casi por 12 el de 2025 (27.697 millones de pesos), con un gasto total que crece un 33,1%. El proyecto mantiene facultades para reasignar partidas y emitir deuda dentro de límites, bajo un enfoque de austeridad fiscal que prioriza educación, salud, seguridad y energía, condicionado por restricciones nacionales.

El presupuesto 2026 refleja un gasto rígido que supera el crecimiento de ingresos, sostenibilidad a corto plazo. La Legislatura analiza el proyecto, con debates pendientes sobre el IDM y mecanismos de financiamiento.