El proyecto modifica el Código de Contravenciones provincial mediante la adición de artículos específicos, desde el 100 bis hasta el 100 sexties. Estos definen el acoso escolar como una conducta que genera un procedimiento inicial en el ámbito educativo. Las instituciones escolares deben notificar a los padres o tutores y ofrecer acompañamiento interdisciplinario, con participación de gabinetes psicopedagógicos. Si no se produce la colaboración requerida, el caso pasa al Juzgado Contravencional para su resolución.

Entre las medidas contempladas figuran sanciones graduadas según la gravedad del incumplimiento. Los padres enfrentan opciones como trabajo comunitario por entre cinco y cincuenta jornadas o multas equivalentes a quinientas a cinco mil unidades fijas, cuyo valor actual oscila entre 210.000 y 2.100.000 pesos, con ajustes previstos para enero de 2026. En situaciones de reincidencia, las penas se duplican. Además, se exige la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad responsable o sesiones de terapia familiar, con el objetivo de promover conductas preventivas y restaurativas.

Los recursos generados por estas sanciones se canalizarán hacia el Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, bajo la administración de la Dirección General de Escuelas. Parte de los fondos también apoyará a bibliotecas populares, reforzando así el componente educativo de la norma. Esta disposición alinea con una reciente aprobación en la misma cámara de una semana dedicada a la concientización sobre el acoso escolar y cibernético, lo que evidencia un enfoque sistemático en la materia.

Durante el debate, la senadora Mariana Zlobec, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica y miembro informante del proyecto, describió el acoso escolar como una cuestión social con impactos emocionales, físicos y psicológicos significativos. Insistió en que la norma prioriza la reflexión colectiva sobre la corresponsabilidad de familia, escuela y Estado, más allá de un mero enfoque punitivo. Por su parte, el senador Félix González, del bloque justicialista, calificó la aprobación como un avance concreto que invita a la sociedad a reconocer la magnitud del problema entre los estudiantes.

La senadora Adriana Cano, participante en el análisis del proyecto, precisó que la medida activa una instancia institucional previa a cualquier acción judicial, con citaciones formales a los adultos involucrados. Aunque reconoció limitaciones en los recursos disponibles para los equipos psicopedagógicos, valoró el instrumento como un medio para involucrar a las familias en la contención de los menores. La iniciativa, aprobada por los 33 legisladores presentes el 4 de noviembre de 2025, avanza ahora a la Cámara de Diputados para su consideración final

Esta aprobación refleja un consenso legislativo en torno a la necesidad de extender las obligaciones más allá del ámbito escolar directo. Al enfatizar la intervención temprana y la formación continua, el proyecto podría contribuir a reducir la incidencia del acoso mediante un mayor compromiso parental. Sin embargo, su efectividad dependerá de la implementación de los mecanismos de apoyo educativo y la asignación presupuestaria correspondiente en etapas posteriores.