El cepo cambiario, vigente en Argentina desde fines de 2023 con renovaciones periódicas, limita las compras de divisas para personas y empresas con el fin de preservar reservas del Banco Central. En este marco, la resolución de Salmain, emitida en octubre pasado, autorizó a una firma controlada por el financista Fernando Whpei a sortear las restricciones y obtener los fondos a la cotización oficial, equivalente a un beneficio estimado en varios millones de pesos por la brecha con el mercado paralelo. Whpei, conocido por operaciones en el sector financiero rosarino, presentó la solicitud bajo argumentos de necesidades operativas de su empresa, pero los fiscales consideran que la decisión carece de fundamento legal y evidencia un favorecimiento indebido.

La imputación contra Salmain se basa en el artículo 248 del Código Penal, por ejercicio arbitrario de la función pública. Seis fiscales federales de Rosario, liderados por el equipo del Juzgado Federal N° 2, argumentan que la medida no solo violó normativas del Banco Central, sino que también ignora precedentes judiciales que exigen mayor rigor en autorizaciones de divisas durante restricciones económicas. Además, allanaron la oficina judicial de Salmain y secuestraron su teléfono celular, aunque el magistrado entregó el dispositivo sin proporcionar el código de acceso. Esta acción forma parte de una investigación abierta hace semanas, que incluye análisis de comunicaciones y documentación relacionada con la resolución.

Salmain acumula antecedentes bajo escrutinio. En julio de 2025, el Consejo de la Magistratura inició un sumario por presuntas irregularidades en su designación, incluyendo un procesamiento por falsedad documental en 2002, resuelto con probation. En octubre, entregó su celular en otra causa por presunta obstrucción, pero se negó a desbloquearlo. Estos episodios, según datos del Consejo, involucran tres investigaciones paralelas en Rosario, lo que ha generado cuestionamientos a su imparcialidad en un contexto de tensiones judiciales nacionales.

En paralelo, el caso ilustra tensiones crecientes sobre la rendición de cuentas de los magistrados en Argentina. Un ejemplo reciente surge del referéndum en Chubut, celebrado el 26 de octubre de 2025, donde el 63,61% de los votantes aprobó una reforma constitucional que elimina los fueros para legisladores, funcionarios ejecutivos, jueces y dirigentes sindicales. Promulgada el 9 de noviembre por el gobernador Ignacio Torres, esta medida posiciona a Chubut como la primera provincia en suprimir inmunidades en los tres poderes del Estado y en gremios, permitiendo procesamientos sin autorizaciones previas. Datos oficiales de la Junta Electoral Provincial confirman la participación del 72% del padrón, con el "Sí" dominante en todas las secciones. Esta reforma, impulsada por la Ley V N° 201, responde a demandas de transparencia post-crisis económica y podría inspirar debates nacionales sobre límites a privilegios judiciales.

Por otro lado, la operación de Whpei no es aislada. Registros del Banco Central indican que, entre enero y octubre de 2025, se autorizaron excepciones por unos 500 millones de dólares bajo medidas cautelares similares, aunque solo el 15% correspondió a casos en Rosario. Fuentes del Ministerio Público Fiscal destacan que el monto en esta causa representa el 2% del total, pero su visibilidad radica en la conexión con actores del mercado financiero local.

La solicitud de detención pende de resolución del juez federal Claudio Bonadío, quien asumió la causa. Mientras, prosiguen peritajes sobre el teléfono secuestrado y revisiones de expedientes relacionados. El Consejo de la Magistratura evalúa un posible jury de enjuiciamiento contra Salmain, con audiencias programadas para diciembre. Datos preliminares del Ministerio de Justicia reportan un aumento del 20% en denuncias por abuso de autoridad judicial en 2025, en línea con reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional para fortalecer controles.

Imagen: Marcelo Manera - LA NACION