El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió avanzar con la ejecución forzosa de bienes de los condenados en la causa Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La medida busca recuperar 684.990.350.139,86 pesos, monto actualizado del daño causado mediante el direccionamiento irregular de 51 contratos de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La sentencia condenatoria, dictada en diciembre de 2022 y confirmada como firme por la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2025, estableció inicialmente un decomiso de 84.835 millones de pesos. Peritos del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema actualizaron esa cifra aplicando el Índice de Precios al Consumidor, metodología validada por el tribunal pese a cuestionamientos de las defensas.

Además, los condenados incumplieron la intimación de pago voluntario efectuada en julio de 2025, con plazo de diez días hábiles. Ante ello, el TOF 2 ordenó la tasación y subasta prioritaria de bienes individualizados por el Ministerio Público Fiscal, que abarcan inmuebles adquiridos durante el período delictivo.

En el caso de Fernández de Kirchner, el decomiso alcanza 20 propiedades: un inmueble registrado directamente a su nombre y 19 heredados a título gratuito por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, quienes figuran como terceros afectados por transmisión no onerosa.

Para Lázaro Báez, principal beneficiario de las licitaciones con su empresa Austral Construcciones, se ejecutan más de 80 inmuebles y activos de sociedades vinculadas, como Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL.

La resolución también comprende bienes de otros condenados, entre ellos José López (exsecretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional) y exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, como Raúl Pavesi y Mauricio Collareda.

El tribunal delimitó el universo ejecutable a activos incorporados al patrimonio entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso en que se comprobó la maniobra: adjudicación irregular del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a empresas de Báez, con sobreprecios promedio del 20% y abandono de numerosas obras.

Las defensas de los condenados y de los hijos de Fernández de Kirchner opusieron la ejecución, argumentando falta de nexo causal directo entre los bienes y el delito, así como insuficiencia probatoria. Esos planteos fueron desestimados en instancias previas por la Cámara de Casación Penal.

El decomiso se inscribe en el artículo 23 del Código Penal, que permite recuperar instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso transformados o mezclados con bienes lícitos, siempre que exista vinculación temporal y razonable. Los bienes decomisados se inscribirán en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados.

El proceso de tasación y subasta inicia de inmediato, con prioridad en activos de los condenados principales. Si resultan insuficientes, se extenderá a otros responsables solidarios. La ejecución patrimonial queda a cargo del TOF 2, competente según confirmación de Casación.