La querella solicita elevar la imputación a homicidio simple con dolo eventual, y una pena de 15 años para el conductor Ivar Martens, mientras la fiscalía mantiene la calificación de homicidio culposo con 5 años.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del 22 de febrero de 2024 en la intersección de las calles Juan B. Justo y Vélez Sarsfield, en el barrio Fátima de Río Gallegos. Soledad Maidana, agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de dos niños, viajaba como acompañante en el asiento trasero de un Volkswagen Bora cuando una Toyota Hilux, conducida por Ivar Martens, impactó contra el vehículo a una velocidad estimada de 54 km/h. El choque resultó en la muerte inmediata de Maidana y lesiones graves en los otros ocupantes del Bora, que incluyen secuelas permanentes en la zona pélvica y costillas, además de efectos psíquicos derivados de presenciar el hecho.

Tanto Martens como Maidana habían estado en un boliche nocturno esa noche. Un agente de seguridad del local indicó a Martens que no podía salir con un vaso de fernet en la mano, pero el conductor ignoró la recomendación y subió a la Hilux. Peritajes toxicológicos revelan que Martens registraba 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre y presencia de THC en orina, lo que contribuyó a su estado de embriaguez. Testigos afirman que Martens no respetó una señal de pare, rechazó pedidos de amigos para reducir la velocidad y mantenía las luces del vehículo apagadas durante la maniobra.

El juicio oral, presidido por los jueces María Alejandra Vila, Yamila Borquez y Marcelo Bersanelli, inició la semana previa al 1 de diciembre de 2025 con la valoración de pruebas. Se presentaron videos de cámaras de seguridad, aunque la defensa cuestionó su validez por fallas en la cadena de custodia y calibración, así como por la escasa iluminación en la esquina del impacto. Un perito psicológico, Gastón Mendicoa, evaluó que Martens conservaba plena capacidad de conciencia pese al consumo de sustancias. La querella, representada por el abogado Gabriel Giordano, argumenta que estas circunstancias configuran dolo eventual: Martens asumió el riesgo de causar daño al optar por no ceder el paso y continuar a alta velocidad, equiparando la camioneta a un "arma". Solicitan además una indemnización civil de 566 millones de pesos por daños materiales, morales y familiares.

Por su parte, la fiscalía, a cargo de Verónica Zuvic, califica el hecho como homicidio culposo agravado por el estado de ebriedad y pide 5 años de prisión para Martens, quien carece de antecedentes penales. Zuvic compara el caso con precedentes como el de "Cokito" en 2023, donde no se acreditó dolo por ausencia de persecución o conocimiento previo de consecuencias letales. La defensa de Martens, liderada por Jesús Moroso, busca la absolución alegando inconsciencia por embriaguez grave: testigos describen que Martens no reaccionaba post-impacto, se reía de forma incoherente y no retiró el pie del acelerador. Como alternativa, proponen 3 años en suspenso con prisión domiciliaria. Otra defensa, de la empresa propietaria del vehículo (perteneciente a los padres de Martens), objeta la velocidad calculada del Bora (entre 40 y 50 km/h) y refuerza las irregularidades en las pruebas digitales.

Durante la audiencia del 1 de diciembre de 2025, Martens, presente en silla de ruedas por lesiones propias del accidente y bajo libertad domiciliaria, ofreció un testimonio breve. Dirigiéndose a los padres de Maidana, Verónica Luna y Luis Maidana, expresó: "Quiero pedirles perdón, nunca fue mi intención provocar ese accidente. Si pudiera volver a ese día, haría todo lo posible para que el único damnificado sea yo. Esto es algo que me va a atormentar toda mi vida". La familia de la víctima, acompañada por hermanos, asistió al debate; Luna requirió contención emocional ante la proyección de imágenes sensibles del lugar.

La madre de Martens, Patricia Mansilla, también intervino: "Sentimos mucho esta situación. Nosotros trabajamos todo el día, es lo único que hacemos. Nunca pensamos que esto nos podía pasar, no es nada grato estar de este lado".

El tribunal dispone de cinco días hábiles para deliberar y anunciar la sentencia el 9 de diciembre de 2025 a las 12 horas. La querella confirma que impulsará acciones civiles paralelas independientemente del veredicto penal. Oficiales del Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz supervisan el proceso, con peritajes pendientes de ratificación en la Cámara de Apelaciones.