La ciudad continuará funcionando con el presupuesto del año anterior, mientras que fue aprobada una nueva ordenanza tarifaria que incrementa diversos impuestos y tasas.

Un presupuesto sin consenso político

En una sesión con votación dividida este 23 de diciembre, el cuerpo legislativo municipal decidió no dar sanción al proyecto de Presupuesto para el año próximo y lo envió a archivo. La negativa se concretó con los votos de los tres concejales del bloque SER —Ayrton Ruay, Giuliana Tobares y Victoria Ojeda— y el de la presidenta del Concejo, Daniela D'Amico, representante de la UCR.

Esta decisión obliga a la Municipalidad de Río Gallegos a administrar sus finanzas durante 2026 con las partidas del Presupuesto 2025, que será prorrogado. En contraste, el mismo Concejo sí aprobó por mayoría la Ordenanza Tarifaria 2026, que actualiza los valores de numerosos tributos municipales.

Análisis crítico: Los números del rechazo

El proyecto rechazado, que contemplaba erogaciones totales por $146.323,5 millones, presentaba desequilibrios estructurales. Los ingresos corrientes estimados eran de $122.352,69 millones, mientras que los gastos corrientes ascendían a $134.962,5 millones, generando un déficit económico de $12.609,81 millones solo para el funcionamiento operativo.

La propuesta presupuestaria dependía en un 62% de los fondos de la coparticipación provincial, que se proyectaban en $76.815,69 millones. Los ingresos tributarios propios del municipio representaban sólo $11.000 millones, y los no tributarios (como tasas y servicios) $31.537 millones.

Un municipio con rigidez financiera y dependencia provincial

La situación financiera de Río Gallegos se caracteriza por una elevada rigidez del gasto. El proyecto presupuestario destinaba $112.864,38 millones al gasto en personal, equivalente al 92,25% de los ingresos corrientes estimados. Este porcentaje es uno de los más altos de los últimos años y deja un margen reducido para inversión en obra pública, proyectada en $8.588 millones (5,9% del presupuesto total).

Para cubrir su déficit financiero total, estimado en $23.150,81 millones, el Ejecutivo municipal proponía recurrir a un endeudamiento equivalente al 18,9% de sus ingresos corrientes. Este porcentaje supera al estimado por la propia Provincia de Santa Cruz para su financiamiento (11,7%).

A pesar de estos indicadores, Río Gallegos es el municipio que recibe el mayor monto de coparticipación provincial. Hasta noviembre de 2025, había acumulado $59.027 millones, representando un aumento del 4,03% respecto a enero de ese año. Para 2026, se proyectaba que recibiría $76.815 millones, lo que implica un incremento del 30,14% respecto a lo acumulado en los once meses de 2025.

Justificaciones del Ejecutivo y ausencia de soluciones estructurales

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, expuso los lineamientos del presupuesto ante el Concejo en una reunión previa. Sostuvo que la elaboración del proyecto se dio en un "contexto de crisis" económico, con falta de acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial.

Robles afirmó que los ingresos de los municipios de Santa Cruz cayeron un 9% mientras los de la provincia crecieron un 12% en relación con la inflación, y destacó el esfuerzo por pagar obligaciones salariales con recursos propios. Sin embargo, en su exposición no presentó una estrategia concreta para modificar la estructura de gastos, que destina más del 90% de los ingresos corrientes a salarios, ni para reducir la dependencia de la coparticipación provincial y el endeudamiento.

Aumentos tarifarios significativos para vecinos y comercios

Mientras el presupuesto fue rechazado, la Ordenanza Tarifaria 2026 fue aprobada. Esta establece un incremento del módulo municipal —la unidad de medida para la mayoría de los tributos— del 29%, alineado con la pauta salarial de los trabajadores municipales.

No obstante, el impacto final en los contribuyentes será superior debido a modificaciones en coeficientes y bases imponibles. Para el Impuesto Inmobiliario Urbano, el aumento efectivo interanual oscilará entre el 45% y el 60%, dependiendo de la zona y superficie del inmueble.

Los aumentos más pronunciados se aplican a tasas vinculadas a obras y servicios públicos. La conexión a la red cloacal, por ejemplo, experimenta un incremento superior al 520% en su base de cálculo, al pasar de 4.500 a 28.000 módulos. Las empresas de servicios como telefonía, internet, gas y agua también enfrentan ajustes sustanciales en las tasas por uso de la vía pública.

Consecuencias prácticas: Costos de trámites frecuentes

Con la nueva tarifaria, el costo de una licencia de conducir particular para una persona de 21 a 65 años (con vigencia de 5 años) será de $48.262,50. Un examen psicofísico para obtenerla costará $257.985, y la tasa anual de recolección de líquidos cloacales para una vivienda será de $42.389,10.