Renuncias y fragmentación política.

En menos de una semana, la Legislatura de Santa Cruz perdió a los presidentes de dos de sus principales bloques. El diputado radical Mario Piero Boffi, renunció a la presidencia del bloque oficialista "Por Santa Cruz". Aunque aclaró que mantiene su apoyo al gobernador Claudio Vidal, su salida expuso diferencias internas, particularmente por su rechazo al presupuesto de la propia Cámara de Diputados, que consideró con aumentos "desmedidos".

Dos días después, el diputado Eloy Echazú presentó su renuncia a la presidencia del bloque opositor Unión por la Patria. Su dimisión se produjo tras profundas diferencias por la aprobación del Presupuesto 2026, al que calificó de "salvatajes individuales" que no responden a un proyecto político unificado. Estas salidas dejan a ambos espacios en un proceso de reorganización de su liderazgo y estrategia parlamentaria.

Presupuesto y endeudamiento provincial.

Precisamente, la sesión del 24 de diciembre fue la que aprobó las herramientas financieras que marcarán el año próximo. La Legislatura sancionó el Presupuesto Provincial para 2026, fijado en $3.244.867.563.642, lo que representa un incremento del 33% respecto al ejercicio anterior.

En la misma sesión, y con los votos necesarios de dos tercios de los presentes, se autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un empréstito de hasta 350 millones de dólares. El vicegobernador y presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón, justificó la medida afirmando que era "importante darle las herramientas al Ejecutivo en este momento tan complejo". La ley contó con el respaldo de legisladores oficialistas y de sectores de la oposición kirchnerista, cuyas intendencias requieren asistencia financiera provincial.

Deuda municipal y conflicto con las cajas.

Mientras la provincia accede a nuevos créditos, los municipios arrastran una deuda millonaria y en crecimiento con los sistemas de previsión y salud. Un informe de junio de 2025 detalló que la deuda histórica de todos los municipios y comisiones de fomento con la Caja de Previsión Social (CPS) supera los $111.226 millones. Río Gallegos lidera este ranking de deudores.

El intendente Pablo Grasso argumenta que esta deuda es consecuencia de una coparticipación desactualizada, una postura que las autoridades provinciales consideran de "nula legalidad". La Ley Previsional Nº 1782 establece la obligación de los empleadores de transferir mensualmente los aportes descontados a los trabajadores, un incumplimiento que configura un delito grave.

Concejo Deliberante rechaza presupuesto local

En un movimiento paralelo, el Concejo Deliberante de Río Gallegos, presidido por la radical Daniela D'Amico, resolvió no aprobar el Presupuesto Municipal para 2026 y rechazar cualquier autorización de endeudamiento sin aval legislativo previo. D'Amico fue contundente al señalar que "de ninguna manera vamos a otorgarle un cheque en blanco al Municipio". Esta decisión contrasta con la aprobación expeditiva del presupuesto provincial y deja al Ejecutivo municipal sin la herramienta financiera fundamental para el próximo año.