Procesamiento y embargo por una maniobra de alto impacto

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín (Buenos Aires) dispuso el 19 de diciembre el procesamiento de Julio Norberto Gutiérrez. La medida judicial, que incluye un embargo preventivo por 250 millones de pesos, lo considera coautor de los delitos de estafa procesal y falsificación de documentos.

La investigación, iniciada en septiembre de 2024 a partir de una denuncia de la empresa SECAR SECURITY ARGENTINA S.A., se centra en la presunta apropiación fraudulenta de aportes sindicales. Según la causa, se habrían alterado certificados de deuda de la Unión Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP) para solicitar un embargo judicial por más de 720 millones de pesos a la firma denunciante. Estos documentos involucraban aportes correspondientes a 234 empleados, correspondientes al período entre 2018 y 2022.

Los otros dos imputados y los fundamentos legales

Junto a Gutiérrez, quien fue ministro de Trabajo de Santa Cruz y actualmente es diputado del PARLASUR, la jueza Alicia Vence procesó a otras dos personas. Se trata del abogado Julio César Núñez, señalado como el estratega legal de la maniobra, y del vigilador privado Juan Marcelo Soria, identificado como el ejecutor visible de los actos. A ambos también se les impuso un embargo preventivo individual de 250 millones de pesos.

El procesamiento se fundamenta en tres artículos del Código Penal:

• Falsedad ideológica (Art. 293): Por insertar declaraciones falsas en instrumentos públicos.
• Uso de documento falso (Art. 296): Por utilizar esos documentos adulterados como si fueran auténticos.
• Estafa procesal (Art. 172): Por inducir a error al juez mediante esos documentos para obtener una resolución que cause un perjuicio económico.

Próximos pasos en la causa

La jueza consideró que la magnitud del perjuicio investigado justificó el alto monto de los embargos para asegurar una eventual reparación de daños. A partir de esta resolución, los defensores de los tres imputados tienen la posibilidad de apelar el procesamiento y las medidas cautelares ante la Cámara Federal correspondiente.